El Ejecutivo regional estima parcialmente lo dictado judicialmente ejeciendo como acusación particular a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria en el caso del Edificio de Soluciones Empresariales, construido en Arroyo de la Encomienda, y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, parcialmente de conformidad con lo solicitado respecto a los delitos y las penas en el escrito de acusación formulado por la Junta de Castilla y León.
Respecto al total de las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Junta de Castilla y León, siendo las solicitadas por las otras acusaciones más elevadas.
La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados que exigía en su escrito de acusación. En concreto, la sentencia condena a los acusados RDN, GJMG y ARML a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo la cantidad de 4.512.066,29 euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 SL. Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a los acusados RDN, LARG, FEG, LARH y CGM a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta de Castilla y León, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L.
La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta de Castilla y León en su papel de acusación particular como especialmente relevante para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular.
Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica estudiará detenidamente los fundamentos de la sentencia, y decidirá posteriormente, dentro del plazo existente para ello, si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.