El vicepresidente 2º de la Institucción Provincial, José Antonio de Miguel, se ha mostrado indignado ante la situación del ATI y ha pedido explicaciones y agilidad en los trámites a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, alegando que los retrasos "están incrementando el precio de la actuación".
"Ni yo mismo lo sé porque estoy en un punto de desesperación". Con estas palabras cargadas de frustración arranca el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Soria, José Antonio de Miguel, su explicación sobre la parálisis administrativa que atenaza el futuro del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de Garray. Un proyecto estratégico para la provincia que, tras años de trámites y una inversión millonaria asegurada, se encuentra varado en un limbo burocrático que amenaza con devolverlo a la casilla de salida.
El camino del ATI de Garray ha sido una carrera de obstáculos desde sus inicios. La fase 2, correspondiente a la tramitación ambiental, ya acumuló un retraso considerable, según De Miguel, "casi como el doble de lo que tenía que haber tardado, incluso incumpliendo los propios plazos que las leyes ambientales marcan". Superado este escollo, se abordó la fase 3: la integración del proyecto aeronáutico en el de obra y la adaptación a las exigencias ambientales aprobadas. Paralelamente, se firmó un convenio clave con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), garantizando que la Junta asumiría los sobrecostes derivados de la dilatación temporal, que han elevado el presupuesto inicial de 4 millones a cerca de 6 millones de euros.
Con el proyecto de la fase 3 redactado y presentado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras subsanar "pocas modificaciones" y realizar actuaciones previas como “la modificación de la Cañada Real y un estudio arqueológico”, todo parecía listo para obtener la licencia definitiva y licitar las obras. "El dinero lo tenemos, pero no tenemos el permiso", lamenta De Miguel. La expectativa era recibir la luz verde en otoño o como muy tarde antes de Navidad. Sin embargo, la sorpresa llegó en febrero de este año.
"Empiezan a hablar de que es posible que esa licencia ya no nos la tenga que dar AESA", explica el vicepresidente. La razón es una decisión unilateral del organismo estatal, dependiente del Gobierno de España, de transferir las competencias en tráfico aéreo a la Junta de Castilla y León. Una transferencia contemplada en el Estatuto de Autonomía, pero que la Junta no había solicitado y para la cual, según De Miguel, no está preparada. "La Junta de Castilla y León ha dicho a AESA, 'no sabemos de qué va esto, ni tenemos personal ni estamos preparados para recibir las competencias'", relata De Miguel sobre una videoconferencia reciente entre ambas administraciones.
Ante esta situación, la Junta ha solicitado tiempo a AESA para organizar la asunción de estas nuevas responsabilidades y, crucialmente, ha pedido que los expedientes ya muy avanzados, haciendo "muchísimo hincapié" en el de Garray, sean resueltos por la propia AESA antes de materializar el traspaso. "Les han dicho que, por favor, aquellos expedientes que estén ya prácticamente finalizados los resuelva AESA", insiste De Miguel. La respuesta de AESA, sin embargo, ha sido ambigua: "De aquellas maneras, porque lo mirarían si podían, pero yo creo que lo que no tienen es voluntad".
El temor principal ahora mismo es el peor escenario posible. Si AESA se niega a resolver y deriva el expediente a la Junta, el proceso podría sufrir un retroceso devastador. "Puede ser que, al pasar toda la tramitación a la Junta de Castilla y León, que tendría que coger el expediente y estudiárselo entero de nuevo, la fase 2 se nos cayese y que tuviésemos que empezar otra vez prácticamente de 0", advierte De Miguel. Califica la situación como "un auténtico despropósito que no tiene nombre" y una muestra de "falta de agilidad" por parte de AESA, a la que sitúa al nivel de las confederaciones hidrográficas en cuanto a lentitud administrativa.
La incertidumbre se extiende también a la gestión del aeródromo. La Diputación realizó una licitación para cambiar de empresa gestora. Sin embargo, el cambio de gestor, que sustituiría a la anterior empresa (Airpull), también requiere la autorización de AESA. "AESA ha dicho que a lo mejor es la Junta de Castilla y León la que tiene que autorizar el cambio de gestor", añade De Miguel, describiendo un círculo vicioso administrativo. Mientras tanto, Airpull sigue gestionando unas instalaciones que ya no desea operar, y Usado For Sale no puede iniciar su labor ni sus inversiones.
De Miguel subraya que el problema no parece ser técnico, dado que las subsanaciones requeridas por AESA al proyecto de la fase 3 han sido "mínimas". "Por lo tanto, es una cuestión de voluntad", reitera. Recuerda que hubo cambios en la dirección de AESA: "Teníamos un interlocutor, que era David Nieto, y ya no está. Y ahora ya llamamos y nos mandan a hablar, pues con cualquiera que no está enterado del proyecto".
El sobrecoste del proyecto, derivado de estos retrasos, es otro factor preocupante. "Prácticamente, estamos hablando del entorno de casi 2 millones de euros de sobrecoste. Teníamos 4 millones iniciales, y en estos momentos, estamos en cifras próximas a los 6 millones de euros. Casi un sobrecoste del 50% sobre el presupuesto inicial", detalla De Miguel. Aunque la Junta, a través de SOMACYL, ha garantizado la cobertura de este aumento, la falta de licencia impide iniciar las obras, cuya ejecución se estima en unos seis meses una vez comiencen.
El vicepresidente no oculta su sospecha sobre las motivaciones detrás del bloqueo. "¿Por qué AESA no resuelve? Pues no lo sé, puede haber algún motivo político detrás, es lamentable, pero es probable que lo haya". Mientras tanto, el ATI de Garray, una infraestructura llamada a ser un motor de desarrollo para Soria, sigue esperando una decisión que parece perdida en los laberintos de la burocracia y la política administrativa entre el Estado y la Comunidad Autónoma. La Diputación de Soria y la propia Junta de Castilla y León instan a AESA a resolver, pero el futuro inmediato del Aeródromo pende de un hilo.