José Antonio de Miguel, vicepresidente 2º del Organismo Provincial, ha arremetido ante la presidencia del consorcio que gestiona el Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo, exigiendo que "sigan las medidas tomadas a nivel regional" y "una renovación de los obsoletos equipos que operan en el mismo".
La gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Golmayo se encuentra en un “punto muerto crítico”, según denuncia el vicepresidente segundo de la Diputación de Soria, José Antonio de Miguel. En unas contundentes declaraciones, De Miguel señala directamente al Ayuntamiento de Soria y a su alcalde, Carlos Martínez, como presidente del consorcio provincial de residuos, acusándoles de una "inacción absoluta, total y absurda" que está bloqueando inversiones millonarias y comprometiendo el futuro del tratamiento de basuras en la provincia. La falta de avances, afirma, obliga a la Diputación a exigir responsabilidades y soluciones urgentes.
El origen del conflicto reside en la necesidad imperiosa de modernizar las instalaciones del CTR. De Miguel describe una situación límite: "La maquinaria que tenemos es muy vieja, tuvo un incendio y no funciona como debería de funcionar". Esta obsolescencia impide una correcta separación y reciclaje de los residuos que llegan al centro, realizándose el proceso "de aquellas maneras". Para revertir esta situación, “es necesaria una inversión estimada en casi 25 millones de euros, destinada tanto a la ampliación del vaso del vertedero como a la renovación completa de la maquinaria”. Según el vicepresidente, “fue la propia Diputación quien tuvo que forzar la convocatoria del último consorcio para impulsar estos proyectos”.
Uno de los puntos clave abordados en esa reunión fue la encomienda de gestión a SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), la empresa pública designada para ejecutar las obras de mejora en el CTR. Sin embargo, la parálisis administrativa que denuncia De Miguel parece estar frenando este paso crucial. El vicepresidente lamenta la "dejadez de los responsables del consorcio", mencionando explícitamente al presidente, Carlos Martínez, y a la concejala Ana Alegre, quien a menudo le sustituye. "No hacen los deberes", sentencia De Miguel, subrayando la “falta de diligencia en la gestión”.
A esta problemática interna se suma otro frente de bloqueo a nivel regional. De Miguel revela la existencia de un “convenio entre todos los consorcios provinciales de Castilla y León y la Consejería de Medio Ambiente para trasladar la fracción resto (aquellos residuos que no se pueden reciclar) a uno o dos vertederos centralizados en la comunidad”. Sorprendentemente, “Soria es la única provincia cuyo representante, el presidente del consorcio y alcalde de Soria, Carlos Martínez, no ha firmado", recalca De Miguel, añadiendo que desde la Junta de Castilla y León se instó a la Diputación a pedirle que lo hiciera.
Ante esta doble parálisis, la Diputación anuncia que volverá a la carga. Solicitarán formalmente la firma del convenio, la presentación de las cuentas del consorcio y, una vez se formalice la encomienda a SOMACYL, conocer los detalles del plan de amortización de la inversión. De Miguel anticipa que “el coste final de las mejoras, tras intentar captar todos los fondos europeos posibles, deberá ser asumido por las administraciones consorciadas” (principalmente Diputación y Ayuntamiento). "Al final, pues, el montante neto, no nos quedaba más remedio que repercutirlo en la ordenanza nuestra para que lo paguen los ayuntamientos", explica, "y los ayuntamientos, a su vez, lo repercuten mediante sus ordenanzas y sus tasas a todos los vecinos de la provincia".
La situación, concluye De Miguel con visible frustración, apenas ha variado desde la última vez que el presidente de la Diputación, Benito Serrano, denunció públicamente los problemas del consorcio. "Seguimos, prácticamente, igual", lamenta. La falta de acción por parte de la presidencia del consorcio, según la Diputación, no solo retrasa “una inversión vital para el medio ambiente y la salubridad provincial”, sino que también “mantiene en vilo la aplicación de un acuerdo regional clave para la gestión de residuos y amenaza con encarecer, a medio plazo, las tasas de basura que pagan los ciudadanos sorianos”. “La pelota”, insiste De Miguel, “está en el tejado del Ayuntamiento de Soria”.