El Gobierno de España ha sacado a subasta pública un edificio de oficinas en la plaza San Pedro de Almazán por un precio inicial de 120.270 euros. La puja, que ya está abierta durante 20 días, se realiza online y exige un depósito previo de 6.013,51 euros, con la particularidad de que el inmueble no es visitable.
El Gobierno de España ha sacado a subasta pública un inmueble de titularidad estatal en pleno centro de Almazán, una oportunidad para adquirir un edificio de oficinas en una ubicación privilegiada. El edificio, que en su día fue sede de servicios sindicales, sale a la venta por un precio de partida de 120.270 euros. A continuación, se detallan todos los plazos, condiciones y pasos para poder pujar por él.
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha puesto en el mercado un edificio de oficinas situado en el número 4 de la Plaza San Pedro de Almazán, con vuelta a la calle Campanario. El inmueble, que consta de sótano y planta baja, está valorado en 120.270 euros y se subasta libre de cargas. Esta operación se enmarca en la política de optimización del patrimonio público para dar uso a bienes infrautilizados.
El procedimiento se realiza íntegramente por vía electrónica, lo que permite participar a cualquier persona o entidad con capacidad legal para contratar. Los interesados deben acceder al. Para poder pujar es obligatorio constituir un depósito de 6.013,51 euros, que corresponde al 5% del valor de tasación del inmueble. Este depósito se debe formalizar electrónicamente a través de la sede de la Agencia Tributaria.
La subasta, que ya se encuentra abierta, permanecerá activa durante 20 días naturales desde su publicación. Se trata de una subasta al alza, donde los tramos entre pujas se han fijado en 4.209,46 euros. Un detalle importante para los interesados es que el edificio no es visitable, por lo que la compra se realiza basándose en la información registral y la que consta en el pliego de condiciones. En caso de que se realice una puja en la última hora, el sistema ampliará automáticamente el plazo de cierre para garantizar la igualdad de oportunidades.
Este edificio formaba parte del llamado Patrimonio Sindical Acumulado, un conjunto de inmuebles que pertenecieron a la Organización Sindical Española durante el franquismo. Tras la Transición, la ley reguló su destino y, en este caso, al no haber sido solicitado para su uso por parte de los agentes sociales y carecer de una utilidad pública definida, se ha decidido su enajenación para generar ingresos públicos y ponerlo a disposición del mercado.