La Junta de Castilla y León evaluará la calidad de sus servicios en la provincia de Soria en 2026, como parte de la fase final de su plan de modernización. El proceso se basará en la autoevaluación de los propios empleados públicos a través del modelo EFQM y se complementará con encuestas de satisfacción a los ciudadanos para detectar fallos y proponer mejoras.
Los servicios que la Junta de Castilla y León presta en Soria serán sometidos a una profunda evaluación de calidad en 2026. El proceso, que ya ha comenzado en otras provincias, se basará en la autoevaluación de los propios empleados públicos para detectar fallos y proponer mejoras. El objetivo final es ofrecer una atención más ágil, eficaz y moderna a los ciudadanos sorianos.
La provincia de Soria ha sido incluida en la fase final de un ambicioso plan de la Junta de Castilla y León para modernizar su administración. Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta iniciativa busca cumplir con el compromiso de legislatura de avanzar hacia una administración innovadora y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio público de calidad. Aunque el proceso ya se ha completado en Burgos, Zamora y Palencia, y se extenderá al resto de la comunidad durante 2025, será en 2026 cuando le llegue el turno a Soria, junto a Salamanca y Valladolid.
La clave de esta iniciativa es que la evaluación será realizada por quienes mejor conocen el funcionamiento interno de la administración: sus propios trabajadores. La Junta considera que los empleados públicos son un recurso fundamental, ya que poseen el conocimiento más profundo sobre la estructura, los procesos de gestión y la prestación de servicios. Por ello, son también los más indicados para identificar áreas de mejora y proponer soluciones que optimicen la agilidad y la eficacia de los servicios territoriales.
El proceso se basa en el modelo de excelencia internacionalmente reconocido EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), adaptado al sector público. En cada provincia se constituye un equipo evaluador con representantes de todos los grupos y categorías profesionales, desde la secretaría territorial hasta las gerencias de Empleo y Servicios Sociales o las direcciones provinciales de Educación. Estos equipos, de entre 8 y 20 personas, reciben formación específica y luego responden de forma individual y anónima a un detallado cuestionario de 166 preguntas.
Este cuestionario, valorado de 0 a 10, abarca todos los aspectos de la gestión, como la actuación de los responsables, la gestión de recursos humanos o la eficiencia en el uso de los medios. Paralelamente, se realizarán encuestas de satisfacción entre los usuarios en las oficinas de información y registro o de forma telemática. Con todos estos datos, la Consejería de la Presidencia elaborará un diagnóstico para proponer soluciones concretas que mejoren el funcionamiento de cada servicio.
El consejero González Gago ha agradecido el compromiso de los empleados públicos y ha asegurado que el objetivo es que su esfuerzo "se traduzca en medidas concisas que optimicen nuestro funcionamiento, refuercen la confianza de la ciudadanía, y garanticen una administración más eficaz, eficiente, cercana y transparente".