La institución provincial ajusta su modelo de trabajo a distancia tras más de tres años de experiencia. El equipo de gobierno defiende la medida para corregir desigualdades mientras el PSOE critica la falta de negociación y de informes técnicos que la avalen.
El pleno ordinario de la Diputación de Soria celebrado en la mañana de este viernes, 4 de julio, ha aprobado la modificación del Reglamento de Teletrabajo con el voto a favor del Partido Popular, el voto en contra del Partido Socialista y la abstención de Vox. La principal consecuencia de este cambio es una reducción de las jornadas de trabajo a distancia y una clasificación más estricta de los colectivos que no podrán acogerse a esta modalidad, una decisión que el equipo de gobierno justifica para corregir desigualdades y que la oposición califica de "política" y sin respaldo técnico.
El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio de Miguel Nieto, ha explicado que la modificación busca solucionar los problemas detectados tras más de tres años de aplicación. Según De Miguel, el teletrabajo puede ser un recurso profundamente discriminatorio, ya que penaliza a los empleados que no pueden teletrabajar, en la medida que soportan mayor carga de labor derivada de una mayor atención de compañeros, responsables políticos y ciudadanos. La institución, que fue pionera con un reglamento aprobado por unanimidad en 2021, considera que la situación actual, superada la pandemia de Covid-19, permite revisar un sistema cuya causa principal de implantación ha desaparecido.
Los ajustes aprobados hoy se centran en tres ejes: reducir al máximo las jornadas de teletrabajo sin llegar a eliminarlo, simplificar los procedimientos de tramitación y, fundamentalmente, detallar los puestos que no son susceptibles de ser ejercidos a distancia. Entre los excluidos se encuentran aquellos con funciones que requieren prestación de servicios presenciales, como:
Tampoco podrán teletrabajar los puestos de dirección de área, jefaturas de servicio ni los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que presten sus servicios en Secretaría, Intervención y Tesorería.
Por su parte, el Grupo Socialista ha justificado su voto en contra por la falta de justificación técnica y la nula negociación con los representantes de los trabajadores. La portavoz socialista, Esther Pérez, ha defendido el mantenimiento del reglamento actual por los "avances en derechos como la conciliación de la vida familiar, laboral y personal". Ha señalado que esta modificación responde unilateralmente "a una decisión política sin el respaldo de justificaciones técnicas", añadiendo que existe una "falta de control y de asumir las responsabilidades" por parte del equipo de gobierno.
Pérez ha criticado duramente que la Comisión de Seguimiento prevista en el reglamento no se haya reunido en los últimos tres años, haciéndolo solo en 2025. "Es sorprendente que durante años no se considerara necesario evaluar el sistema y que ahora se tomen decisiones tan drásticas sin el respaldo técnico adecuado", ha afirmado. Según la portavoz, las encuestas internas y los informes de los jefes de servicio no reflejan problemas graves. "No existe informe técnico que justifique esta reforma. Solo hay un informe jurídico que constata la legalidad del procedimiento, pero no su necesidad", ha sentenciado.
Además, el PSOE ha lamentado que se haya ignorado la solución intermedia propuesta por los representantes del personal funcionario. Esta propuesta consistía en mantener dos días de teletrabajo y tres presenciales, ampliables en casos de guarda legal. "Negociar también forma parte del buen gobierno. Rechazar esta propuesta demuestra que no hay voluntad de consenso", ha subrayado Pérez, quien ha instado a "abordar casos puntuales con medidas específicas" en lugar de "desmantelar un modelo que ha funcionado".
Decir por último que durante la misma sesión plenaria, también se ha aprobado la Cuenta General del Ejercicio 2024 con el voto favorable del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista y de Vox.