La resolución, publicada hoy lunes en el BOP, facilita los trámites para la ocupación de los terrenos necesarios para la instalación de los aerogeneradores y las líneas de evacuación.
El proyecto de 60 MW de potencia, promovido por Parque Eólico Cabezuelas S.L.U., ha recibido un espaldarazo clave para su desarrollo en las provincias de Soria y Zaragoza. Esta resolución, publicada hoy lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, facilita los trámites para la ocupación de los terrenos necesarios para la instalación de los aerogeneradores y las líneas de evacuación. La decisión proviene de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y culmina un complejo proceso administrativo.
La declaración de utilidad pública es un paso administrativo fundamental que reconoce el interés general del proyecto. Según lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico, esta figura es un requisito indispensable para poder iniciar, en caso de que no se llegue a un acuerdo con los propietarios, los procedimientos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la construcción del parque y sus infraestructuras asociadas. La resolución, emitida por la Administración del Estado, llega después de que el proyecto obtuviera la autorización administrativa previa y de construcción en junio de 2024.
La instalación del parque eólico 'Cabezuelas' y su infraestructura de evacuación se extenderá por un total de quince términos municipales, nueve de ellos en la provincia de Soria y seis en la de Zaragoza. La resolución detalla la lista completa de localidades afectadas por el proyecto:
El expediente, tramitado por las Subdelegaciones del Gobierno en Soria y Aragón, ha contado con un extenso periodo de consultas a diversas administraciones y organismos. La mayoría de los ayuntamientos sorianos implicados, como los de Borjabad, Escobosa de Almazán, Maján, Nolay, Serón de Nágima y Velilla de los Ajos, no han mostrado oposición. Tampoco lo han hecho entidades como la Confederación Hidrográfica del Ebro o Red Eléctrica de España.
Otras entidades como E-Distribución, Telefónica o la Dirección General de Carreteras han establecido una serie de condicionados técnicos que el promotor ha aceptado. Asimismo, se han resuelto cuestiones específicas con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). El único municipio que mostró su oposición por motivos ambientales fue el de Embid de Ariza (Zaragoza), si bien su alegación fue desestimada al considerar que esas cuestiones ya fueron tratadas durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental.
La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia no pone fin a la vía administrativa. Tal como se especifica en el documento oficial, contra esta decisión se puede interponer un recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía. El plazo para presentar dicho recurso es de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Una vez transcurrido este periodo sin que se presenten recursos, la resolución adquirirá firmeza a todos los efectos.