El sindicato CSIF oficia concentraciones en todas las prisiones de Castilla y León para denunciar la situación insostenible que viven los funcionarios. La reciente agresión sexual a una psicóloga en Sevilla ha sido el detonante de unas protestas que exigen el reconocimiento de los trabajadores como agentes de la autoridad, un aumento de personal y más medios para garantizar la seguridad.
La agresión sexual a una psicóloga en el centro penitenciario de Sevilla 2 ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este "incidente muy grave", como lo ha calificado Paco Herrero, responsable de Prisiones de CSIF en Castilla y León, ha sido el detonante para que los funcionarios de prisiones de toda España hayan alzado la voz en una jornada de concentraciones simultáneas. En Castilla y León, las protestas se han replicado en todos los centros, incluido el de Topas (Salamanca), para denunciar una situación que, según el sindicato, se ha vuelto insostenible y pone en jaque la seguridad de los trabajadores y el orden dentro de los muros de las cárceles.
La concentración, convocada por el sindicato CSIF, ha servido para poner sobre la mesa un cúmulo de reivindicaciones que llevan años latentes. La más urgente y fundamental, según Herrero, es el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Una medida que, de aprobarse, cambiaría radicalmente las consecuencias penales para los agresores. "Hemos sufrido un incidente muy grave recientemente en el centro penitenciario de Sevilla 2 y nos parece tan grave que, sumado a las muchísimas agresiones y problemas que venimos teniendo, se hace necesario que nuestra voz se haga oír", ha declarado Herrero, subrayando la gravedad del momento.
Uno de los puntos más críticos señalados por el representante sindical es lo que ha denominado una política de "buenismo" implantada en los últimos años. Según ha explicado, esta filosofía ha consistido en "atenuar o hacer más flojas las normativas de disciplina y de respeto", lo que ha tenido un efecto directo y perjudicial en el día a día de los centros. La consecuencia, ha afirmado, es una peligrosa inversión de roles donde la autoridad del funcionario se ha visto mermada.
"En los últimos años se ha venido reduciendo esa capacidad de autoridad y, como contrapartida, los presos han aumentado su nivel de agresividad, su nivel de libertad, su nivel de impunidad, y eso tiene que corregirse", ha sentenciado Herrero. Para CSIF, un centro penitenciario requiere una disciplina rigurosa para garantizar la convivencia y la seguridad, no solo de los trabajadores, sino también de los propios internos. La violencia entre reclusos y la convivencia con personas con problemas de salud mental graves hacen que un entorno sin una autoridad clara sea "infumable".
La escasez de personal es otro de los pilares de la protesta. Los datos que ha ofrecido Paco Herrero son elocuentes y dibujan un panorama de vulnerabilidad extrema. La falta de reposición de las jubilaciones y la insuficiencia de las plantillas actuales crean situaciones de alto riesgo. La proporción entre funcionarios e internos es, a su juicio, alarmantemente baja y pone en evidencia la precariedad de la seguridad en los módulos.
La descripción es gráfica y contundente: "En cada módulo hay dos funcionarios y 160 presos. Eso es muy poco, porque dos personas, simplemente con sus manos contra 160 personas, es imposible que puedan hacer nada, como mucho echar a correr, y si está la puerta cerrada, pues no vamos a ninguna parte". Esta desproporción, ha insistido, exige un aumento significativo del ratio de funcionarios para que las prisiones puedan alcanzar un nivel de seguridad aceptable.
La reivindicación de ser considerados agentes de la autoridad no es un capricho, sino una necesidad amparada en una propuesta de ley que ya está en el Congreso de los Diputados. El objetivo es claro: que las agresiones, insultos y amenazas dejen de ser faltas leves o quedar impunes. "La conversión de nuestra figura profesional en agentes de la autoridad es para que cuando seamos agredidos o seamos insultados o seamos violentados, las consecuencias para la persona que lo haga [...] se conviertan en un delito de atentado contra la autoridad", ha detallado Herrero.
Junto a esta protección jurídica, también reclaman más y mejores medios coercitivos. Los actuales, ha explicado, son escasos y su aplicación está muy restringida, lo que dificulta atajar los incidentes de manera rápida y eficaz. Un incidente que no se controla a tiempo puede escalar y convertirse en un problema grave, por lo que contar con los recursos adecuados es fundamental para minimizar los riesgos.
La situación no es una abstracción, sino una realidad tangible y diaria. El propio centro de Topas ha registrado recientemente la agresión a un funcionario que "recibió varios puñetazos" y ha sufrido lesiones. Pero más allá de las agresiones físicas, que se producen "con bastante más frecuencia de la que desearíamos", está el desgaste psicológico de un ambiente hostil. "Estamos sufriendo insultos verbales, es algo continuo y constante", ha lamentado Herrero.
Esta tensión permanente convierte el lugar de trabajo en un entorno de alto riesgo y estrés. "Claro, venir a trabajar todos los días a un sitio donde te insultan, donde corres peligro de que te agredan, pues, no es precisamente una de las mejores situaciones profesionales que pueda haber", ha concluido el responsable de CSIF. Por ello, las concentraciones como la de hoy buscan ser un punto de inflexión para que el Gobierno tome medidas urgentes y la normativa penitenciaria se endurezca, devolviendo la seguridad y la autoridad a quienes velan por ella dentro de las prisiones españolas.