La Comisión de Residencias de la Diputación dictamina un preacuerdo con la Fundación Colegio Nuestra Señora del Carmen y la empresa Mimara para asegurar la continuidad del servicio. El dictamen busca facilitar futuras inversiones y garantizar la atención a los actuales residentes, y ahora deberá ser ratificado por el Pleno provincial.
La Comisión de Residencias de la Diputación de Soria ha dado luz verde este lunes al preacuerdo que busca asegurar el futuro de la residencia de mayores Nuestra Señora de las Mercedes, en El Royo. El dictamen, que ha contado con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo del PSOE, sienta las bases para garantizar la atención a los usuarios y permitir futuras inversiones en el centro. Ahora, el acuerdo deberá ser ratificado en el próximo Plen
El acuerdo a tres bandas entre la Diputación Provincial, la Fundación Colegio Nuestra Señora del Carmen —titular del inmueble— y la empresa gestora Mimara Residencial SL, tiene como objetivo principal regular la situación jurídica y de gestión del centro. Según detallan desde la institución provincial, busca resolver de forma ordenada los compromisos contractuales vigentes antes de que el edificio revierta a la Fundación, su legítima propietaria.
El presidente de la Comisión de Residencias, Juan Ramón Soria, ha querido subrayar el compromiso con los mayores, asegurando que "la institución provincial ha cumplido todos los compromisos asumidos con la residencia de El Royo y garantiza que los usuarios actuales continuarán siendo atendidos en las mismas condiciones una vez finalice el proceso". Este preacuerdo abre la puerta a que la Fundación y Mimara negocien un nuevo convenio de colaboración. Dicho convenio permitiría a la empresa acometer mejoras y ampliar la atención a mayores en la zona del Valle y Pinares, una vez finalice el contrato actual y las obras que se están ejecutando.
El dictamen ha salido adelante con el voto favorable del Grupo Popular y de Vox, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra. Según ha informado la Diputación, el informe ya fue presentado en la comisión de la semana pasada, pero se acordó, siguiendo la recomendación de los técnicos, dejar un margen de tiempo para un estudio más profundo antes de su dictamen definitivo. Tras este paso, el preacuerdo deberá ser debatido y ratificado en el próximo Pleno ordinario que celebre la corporación provincial para que adquiera validez definitiva.
De forma paralela, la Diputación de Soria ya ha iniciado las obras de mejora de la cubierta del edificio. Esta actuación, que supone una inversión de 250.000 euros, forma parte de los compromisos adquiridos por la institución provincial antes de la devolución del inmueble a sus propietarios.
El Grupo Socialista en la Diputación de Soria ha expresado su firme rechazo a la propuesta. Defienden que la gestión se mantenga en el ámbito público o concertado para garantizar precios asequibles a los usuarios del medio rural, oponiéndose a lo que califican como una "privatización" del servicio.
La postura del PSOE se fundamenta en varios puntos, donde acusan al equipo de gobierno del PP de tener una intención clara de desvincularse de los servicios públicos en las zonas rurales. "Denunciamos que esta decisión responde a una voluntad política clara del Grupo Popular de privatizar por completo la gestión de las plazas residenciales para personas mayores en el medio rural, lo cual consideramos un error grave y una pérdida de derechos para los ciudadanos de estas zonas", indican en un comunicado.
Frente a este plan, proponen mantener el modelo de colaboración actual con el Obispado, propietario del inmueble, asegurando el control público sobre las condiciones y la accesibilidad del servicio.
Los socialistas lamentan la falta de debate y negociación, asegurando que el PP llegó a la comisión con una decisión ya tomada y sin esperar los resultados de un estudio económico clave sobre la gestión de residencias en la provincia. Además, reclaman una mayor implicación por parte de la administración autonómica, a la que consideran la competente principal en la materia, destacando la desproporción en la financiación actual.
"Reclamamos una vez más que la Junta de Castilla y León, competente en esta materia, asuma su responsabilidad y complemente las ayudas necesarias para que las personas mayores sin recursos puedan acceder a una plaza en centros asistenciales. El actual acuerdo marco es claramente insuficiente: mientras la Diputación aporta más de 5,8 millones de euros para cubrir el déficit de la gestión, la Junta apenas contribuye con 200.000 euros".
Finalmente, el PSOE concluye que se opone a esta medida por la falta de garantías para los usuarios, de debate político real y de informes técnicos que la respalden, reafirmando su compromiso con los servicios públicos en el mundo rural.