El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha alertado desde Arévalo de que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia provocará graves desigualdades, dificultando el acceso a la justicia para los ciudadanos del medio rural. Durante su pleno, la institución también ha homenajeado a su expresidente Julio Sanz Orejudo con la Gran Cruz al Mérito.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha lanzado una seria advertencia desde Arévalo (Ávila) sobre las consecuencias de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según la institución, la reciente implantación de esta normativa amenaza con crear profundas desigualdades, haciendo que el acceso a la justicia sea significativamente más difícil para los ciudadanos del medio rural en comparación con los de las capitales. Esta preocupación ha centrado el último Pleno del curso del CACYL, celebrado este viernes en el ayuntamiento arevalense.
La reforma ha supuesto la creación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas Municipales de Justicia, que sustituyen a los antiguos juzgados. El principal temor de los abogados reside en que estas nuevas oficinas, dependientes de los ayuntamientos, provoquen una justicia de dos velocidades. La falta de especialización de los funcionarios municipales y la escasez de medios materiales en el entorno rural son los principales escollos. "Nos preocupa la aplicación de una ley que, en la práctica, hace que el acceso a la Justicia sea más complicado para el ciudadano del mundo rural que para el que reside en la capital”, ha destacado el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes.
Otro de los puntos críticos es la obligatoriedad, vigente desde abril, de acudir a los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación o la conciliación, antes de iniciar un proceso judicial en materia civil, de familia o mercantil. Desde el CACYL señalan la escasa previsión sobre cómo y dónde realizar este requisito, una dificultad que se acentúa en las zonas rurales. "Ahí tenemos una vía de una oportunidad para las oficinas de municipales de Justicia, pero hace falta que el Ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación", ha señalado Mónica Pérez Villegas, presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL.
La aplicación de estas novedades legislativas se suma a una problemática ya existente en las sedes judiciales rurales. Entre los problemas habituales se encuentran la carencia de medios materiales, una elevada interinidad del personal y la falta de presencialidad de operadores esenciales como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales. A esto se añade el envejecimiento de los profesionales de la abogacía que ejercen en estas zonas y la preocupante falta de relevo generacional, según se analizó en el último informe del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural.
La jornada en Arévalo también ha servido para rendir homenaje al expresidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, quien ha estado al frente de la institución durante los últimos ocho años, entre 2017 y 2025. Sanz Orejudo ha recibido de manos de sus compañeros la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía de Castilla y León, la máxima distinción que concede el Consejo. La propuesta, realizada por el actual presidente, fue aprobada por aclamación el pasado 30 de abril.
Nacido en El Espinar (Segovia), Julio Sanz Orejudo ha estado arropado por todos los consejeros del CACYL, así como por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González. La expresidenta del CGAE, Victoria Ortega, fue la encargada de leer la 'laudatio' en un emotivo acto que reconoció su larga trayectoria, iniciada en el Colegio de Abogados de Segovia en 1980 y culminada con la presidencia de la abogacía autonómica.