En una carta a la redacción de ese periódico, la agrupación soriana reflexiona sobre el caso Rivas-Arcuri, por la custodia de los hijos.
Artículo de opinión de Soledad Andrés Gómez, vicepresidenta de Antígona, sobre el caso de Daniel, hijo de Juana Rivas, forzado a convivir con su padre a pesar de denuncias de maltrato. El texto critica la "violencia institucional" del sistema judicial español al no escuchar a los menores en procesos de custodia. Se menciona la visita reciente a Soria de una jueza que abordó esta problemática, conectando el tema nacional con el ámbito local:
Daniel, el hijo pequeño de Juana Rivas y Francesco Arcuri, está con su padre desde ayer viernes por mandato judicial. No, no se ha ido alegremente de la mano con él, como han recogido numerosos medios, televisiones y prensa escrita -no todos, afortunadamente. Daniel, de 11 años, pidió ayuda con claridad, desesperadamente, para que la justicia no le obligase a convivir de nuevo con el hombre que, en menos de dos meses, el 18 de septiembre, tendrá que responder en Italia por haberle maltratado física y psicológicamente durante 7 años, incluidas amenazas también de muerte. Daniel sabe de lo que habla.
Como también lo sabe Gabriel, su hermano mayor, hoy con 19 años de edad, quien consiguió huir de Arcuri con 16 y está haciendo lo posible y lo imposible por proteger a hermano pequeño: “Temo que mate a Daniel”. Testigo de las malas prácticas en el Punto de Encuentro Familiar, en donde grabó íntegramente las coacciones por parte de la psicóloga contratada por el padre para que aceptase marcharse con él, ha escrito una carta pública a “Cualquier autoridad competente” solicitando que no se entregue a su hermano como años atrás, a la misma edad, se hizo con él.
Nuestro país es conocido internacionalmente por sus avanzadas leyes de protección de las mujeres frente a la violencia, así como por su compromiso con la infancia con la ratificación de la CDN (Convención de los Derechos del Niño) que, recordemos, dice en su Artículo 12.1: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. Y en el apartado 2 sigue: “Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional […]”. Esta resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por 196 países, por España en 1990, al año siguiente de su aprobación.
Más recientemente, en la misma línea del tratado internacional, la protección específica de la infancia figura en la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada en en el Parlamento español en 2021), cuyo artículo 17 dice que los niños “tienen derecho a ser oídos en los procedimientos que les afecten”, estableciendo al mismo tiempo el principio del Interés Superior del menor como guía de actuación.
Con toda esta materia legislativa, a la vista de los hechos que priorizan la ejecución de la resolución judicial de devolver a Daniel a su padre, no sólo sin escucharle y atender a su petición, sino también sin esperar a la resolución del juicio penal por maltrato que tiene pendiente en Italia, es evidente que España ignora e incumple su propia ley. Distintos juzgados de materia civil -encargados de las custodias- y penal – viendo la violencia en forma de amenazas y malos tratos-, descoordinados entre sí e ignorantes por tanto de las resoluciones que vinculan la causa, junto al mal disimulado prejuicio contra las madres protectoras en contextos de violencia de género, hacen así el trabajo: desprotegen y revictimizan al niño obligándole a vivir con su maltratador y negándole su derecho a ser escuchado. Todo esto tiene un nombre: violencia institucional, y una víctima principal: Daniel, a sus 11 años, y contra su deseo claramente expresado, está en manos de su padre desde ayer viernes, estando su integridad física, y su vida, en gravísimo riesgo.
No obstante, a pesar de la trágica situación actual, es preciso destacar voces procedentes de la judicatura como la de la Magistrada-Jueza Cira Grcía Domínguez, titular del Juzgado número 1 de Getafe de Violencia contra la mujer que nos visitó recientemente en Soria. Entrevistada En RNE, señala, además, que hay otros muchos casos como el de Daniel y Gabriel que comparten el gravísimo disfuncionamiento de la justicia en su tarea de proteger a las víctimas vulnerables: hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.