Diversos ayuntamientos sorianos disponen de financiación para acometer la rehabilitación de caminos y servicios básicos. El Ministerio de Política Territorial sufraga hasta la mitad del coste de 16 proyectos de recuperación tras los últimos desastres naturales.
Un total de 787.100 euros en ayudas directas estatales, destinadas a municipios de la provincia de Soria, han sido aprobadas para financiar la reparación de infraestructuras que resultaron afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, como incendios o inundaciones, ocurridos entre el 21 de junio de 2023 y el 26 de febrero de 2024.
Estas subvenciones se enmarcan en la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo de 2024. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno ya ha sido autorizado un anticipo del 85% del importe global, lo que supone una orden de pago inmediata por valor de 669.035 euros para agilizar las actuaciones.
La financiación estatal cubre hasta el 50% del coste de ejecución de cada obra, que incluye la recuperación de caminos rurales, calles, redes de abastecimiento de agua y otras pequeñas infraestructuras de competencia municipal. Con esta medida se busca garantizar una respuesta eficaz ante situaciones excepcionales, independientemente del tamaño o la capacidad económica de las localidades afectadas.
En esta primera fase se han aprobado un total de 16 proyectos en ocho municipios sorianos, además de las actuaciones correspondientes a la Diputación Provincial. El reparto detallado de las subvenciones es el siguiente:
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha valorado positivamente la concesión de estas ayudas. Según ha subrayado, “estas ayudas refuerzan la cohesión territorial y el compromiso del Estado con todos los municipios, sin importar su tamaño. En situaciones de emergencia, el Gobierno está presente con recursos, agilidad y cooperación”.
El modelo de gestión de estas ayudas se articula de forma coordinada entre las distintas administraciones. Aunque los ayuntamientos son los responsables de ejecutar los proyectos de reparación, las diputaciones provinciales actúan como entidades beneficiarias directas de los fondos. De esta manera, se centraliza la tramitación y se facilita el flujo de la financiación desde el Estado hacia las corporaciones locales.