Un total de quince autonomías, entre ellas Castilla y León, han remitido directamente a la Comisión Europea el informe sexenal sobre la conservación del lobo, acusando al Ministerio para la Transición Ecológica de bloquear su envío oficial. El documento, que acredita un estado de conservación favorable de la especie con un aumento de las manadas, es clave para que las comunidades recuperen la gestión y busquen un equilibrio con la ganadería.
La gestión del lobo en España vive un nuevo episodio de tensión institucional. Un bloque de quince comunidades y ciudades autónomas, liderado por las regiones con mayor presencia del cánido, ha decidido actuar al margen del Gobierno central y enviar directamente a Bruselas el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie. Esta acción se produce tras acusar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de incumplir la ley al no tramitar el documento antes de la fecha límite del 31 de julio.
Según ha informado la Junta de Castilla y León, la decisión se formalizó el pasado 1 de agosto mediante una carta dirigida a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessika Roswal. En la misiva, las autonomías no solo adjuntan el censo actualizado del lobo, sino que también denuncian lo que consideran una maniobra de bloqueo por parte del ministerio y solicitan una reunión urgente con la comisaria para exponer la situación.
El conflicto se intensifica en un momento clave, ya que los datos del informe son fundamentales para el futuro de la gestión de la especie. Las comunidades firmantes buscan recuperar el control sobre el lobo para compatibilizar su conservación con la protección de la ganadería extensiva, una actividad de gran peso en muchos de estos territorios.
El origen de esta acción coordinada se remonta al pasado 22 de julio, fecha en la que estaba convocada la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. En este órgano es donde debía haberse aprobado el informe sexenal de las especies incluidas en la Directiva Hábitats, entre ellas el lobo. Sin embargo, según denuncian las autonomías, el Ministerio desconvocó la reunión sin ofrecer justificación alguna.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León interpretan este movimiento como un intento deliberado de evitar que se aprobara un documento que revela un estado de conservación favorable para el lobo. A pesar de que una mayoría de autonomías solicitó hasta en dos ocasiones una nueva convocatoria, el MITECO rechazó la petición. La Junta califica estas acciones de "maniobras de incumplimiento palmario de la Ley" con el objetivo de impedir que Europa conozca la realidad de la expansión de la especie en España.
El documento remitido a Bruselas, elaborado por personal público de las distintas comunidades autónomas, refleja un crecimiento significativo de la población de lobos en el país. Los datos más relevantes son:
Este crecimiento poblacional tiene un impacto directo en el sector primario. Las autonomías firmantes recuerdan que solo en 2024, los ataques de lobos causaron la muerte de más de 12.000 cabezas de ganado en Galicia, Cantabria y La Rioja, tres de las regiones afectadas.
La finalidad última de esta iniciativa es que las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar la especie. Buscan un modelo que, sin dejar de asegurar la conservación del lobo, permita establecer un equilibrio con la ganadería y minimizar los daños. Consideran que tienen respaldo legal para ello, tanto en la reciente modificación de la Directiva Hábitat a nivel europeo como en la legislación nacional, que a través de la Ley de Desperdicio Alimentario introdujo disposiciones para sacar al lobo del Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE).
Las comunidades y ciudades autónomas que han suscrito la carta a la Comisión Europea son: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Navarra, Madrid, Melilla, Murcia, La Rioja y Valencia.