La organización profesional agraria prepara una respuesta jurídica ante la nueva resolución de Medio Ambiente. Esta normativa restringe el uso de maquinaria agrícola en las horas centrales del día debido al elevado riesgo de incendios forestales, una decisión que el sector considera desproporcionada y perjudicial.
La Junta de Castilla y León ha vuelto a poner sobre la mesa una de las medidas más controvertidas para el sector agrícola en plena campaña de recolección. El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha firmado una resolución que declara la situación de 'Alerta' por riesgo meteorológico de incendios forestales. Esta declaración estará en vigor durante el periodo comprendido entre el 4 y el 8 de agosto, ambos incluidos.
Como consecuencia directa de esta alerta, la normativa introduce medidas preventivas que afectan de lleno al trabajo en el campo. La más significativa es la prohibición del uso de maquinaria , tanto agrícola como forestal, en el monte y en una franja de 400 metros de terreno forestal durante las horas de mayor riesgo.
La reacción de la organización profesional agraria ASAJA Soria no se ha hecho esperar. Consideran que la Consejería "vuelve a las andadas" con una prohibición que ya ha sido objeto de litigios en el pasado y anuncian que sus servicios jurídicos ya están estudiando la posibilidad de emprender nuevas acciones legales para defender los derechos de los agricultores.
La resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal establece una serie de limitaciones concretas para las labores agrícolas y forestales. Para que los profesionales del sector tengan clara la afectación, los detalles de la restricción son los siguientes:
No obstante, la propia resolución contempla excepciones. Para los días 4 y 5 de agosto, quedan excluidos de esta prohibición los términos municipales sorianos de Covaleda, Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero, Montenegro de Cameros, Salduero y Vinuesa, "precisamente términos municipales que irónicamente están a la cabeza del valor forestal más alto, en los que se podrán seguir usando skidders, procesadoras, desbrozadoras, empacadoras y cosechadoras", observan en la organización profesional agraria.
Desde ASAJA Soria se muestran muy críticos con la decisión, que califican como un intento de la Consejería de Medio Ambiente de "retorcer o estirar la normativa". Recuerdan que esta práctica ya ha recibido varios "rapapolvos" en los tribunales, incluyendo la impugnación de una resolución similar en 2022 tras un litigio con la propia asociación.
La organización agraria cuestiona la base de la prohibición, argumentando que, en lo que va de año, solo uno de cada diez incendios accidentales relacionados con máquinas y motores ha tenido que ver directamente con cosechadoras. Además, subrayan que ya existe una normativa específica, la conocida como regla 30/30 (prohibido trabajar con más de 30 grados de temperatura y vientos de más de 30 km/h), que ya regula estas situaciones de riesgo.
Critican también que la resolución se base en una previsión de viento de 25-30 km/h, lo que, a su juicio, "roba el criterio de adaptarse a la realidad a los agricultores". Con ironía, señalan que, bajo esa interpretación, "más nos vale a todos los castellanoleoneses no salir de casa en esas horas por si nos pudiera caer una teja".
Más allá del debate técnico, ASAJA Soria alerta sobre una de las consecuencias más graves de la prohibición: la inseguridad jurídica y la desprotección frente a las aseguradoras. Según advierten, esta medida deja sin efecto todos los seguros que puedan tener contratados agricultores y cosechadores en esas horas y zonas concretas.
En caso de que ocurriera un accidente, explican, "las compañías usarán esta resolución del director general para declarar que no corresponde indemnización alguna al asegurado frente a la responsabilidad que se le pudiera exigir por los daños o gastos de extinción".
Por todo ello, la organización ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados. ASAJA Soria ha confirmado que resolverá de inmediato si es necesario "volver a batallar litigiosamente" en los tribunales para defender tanto el derecho de los agricultores a recoger el fruto de su trabajo como su imagen pública.