El Ayuntamiento de Almazán ha resuelto dos expedientes sancionadores contra una empresa de abonos orgánicos, imponiendo multas que suman 80.000 euros debido a los continuos episodios de malos olores. El consistorio, que ya tramita un tercer expediente, critica la falta de acción de la Junta de Castilla y León en la evaluación ambiental de la actividad.
El Ayuntamiento de Almazán impone dos sanciones que suman un total de 80.000 euros a una empresa de abonos orgánicos instalada en la localidad. La medida responde a los continuos episodios de olores desagradables generados por su actividad, una problemática que ha motivado numerosas quejas vecinales durante años y que ha llevado al consistorio a iniciar un tercer expediente sancionador.
La situación, que se agrava especialmente durante los meses de calor, ha sido objeto de un largo proceso administrativo. Según ha informado el propio Ayuntamiento, los dos expedientes ya resueltos corresponden a dos faltas graves, y la empresa expedientada ha admitido su responsabilidad en los hechos. Esta es la culminación de una serie de acciones emprendidas por el consistorio ante lo que consideran una falta de respuesta por parte de otras administraciones.
El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha detallado el complejo historial de licencias de la planta, que se remonta a 2005. Aunque la actividad ha ido modificándose, la licencia ambiental que ampara su funcionamiento actual fue otorgada por la Junta de Castilla y León en 2014. Desde el Ayuntamiento se ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental, sin éxito.
El conflicto entre administraciones se intensificó en 2019. En aquel momento, la empresa solicitó instalar un nuevo equipo de cribado, lo que llevó al Ayuntamiento de Almazán a pedir aclaraciones a la Junta de Castilla y León. Los servicios técnicos municipales y de la Diputación sostenían que la actividad suponía una modificación sustancial de la licencia y requería una nueva evaluación ambiental para analizar las emisiones a la atmósfera, los vertidos y la generación de residuos.
Sin embargo, la respuesta de la JCYL fue que no era necesario realizar dicha evaluación. A finales de ese mismo año, el consistorio volvió a solicitar un análisis del poder contaminante de la empresa, pero la consejería de Medio Ambiente se reafirmó en su postura. Finalmente, en junio de 2020, un informe de la Junta dio luz verde a la actividad hasta el año 2028, con el único requerimiento de presentar un informe sobre emisión de partículas cada tres años.
“Básicamente es como decirnos nuevamente que no pintamos nada”, ha lamentado el alcalde Jesús Cedazo, quien subraya la frustración del equipo de gobierno ante la situación. Según el primer edil, la única vía para que la comunidad autónoma exija medidas correctoras serias es que se demuestre el incumplimiento en la emisión de partículas.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Almazán ha sido la única administración que ha ejecutado expedientes sancionadores contra la empresa. Las multas, sustentadas en informes de la Policía Local, se han convertido en la principal herramienta del consistorio para hacer frente al problema. “Lo que es evidente es que la empresa incumple el valor de emisión de partículas a la atmósfera en numerosísimas ocasiones y esa es la razón por la que son frecuentes los episodios de olores nauseabundos”, ha afirmado Cedazo.
Desde el Ayuntamiento se mantienen a la espera de que la JCYL informe sobre los estudios que deberían constar en su expediente. La solución más coherente, proponen, sería la instalación de una estación homologada de medición de la calidad del aire durante un periodo prolongado para que sea la propia administración autonómica la que analice los valores de emisión y ejerza sus competencias.
Mientras tanto, el equipo de gobierno asegura que continuará con los expedientes sancionadores y seguirá los pasos que indiquen los servicios jurídicos. “Nos consta que la empresa lleva más de 3 años buscando nueva ubicación, pero la situación en Almazán, dada la proximidad a la población, no puede continuar así”, concluye el alcalde, quien echa en falta “una vez más que la comunidad autónoma ejerza sus competencias en la evaluación ambiental”.