Izquierda Unida Castilla y León denuncia que algunas empresas de las zonas afectadas por los incendios están negando a sus empleados el permiso retribuido por riesgo grave e inminente. La formación política reclama el cumplimiento del artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores, que contempla hasta cuatro días de ausencia justificada en estas situaciones, y anuncia que trasladará los casos al Ministerio de Trabajo para su investigación.
Izquierda Unida Castilla y León denuncia que algunos empresarios de las zonas afectadas por los grandes incendios de las últimas semanas están exigiendo a sus empleados que se incorporen a sus puestos, incluso en situaciones de confinamiento o tras haber sufrido la pérdida de sus viviendas o vehículos. La formación política exige que se cumpla el permiso retribuido por riesgo grave e inminente contemplado en la legislación laboral.
En el contexto de los devastadores fuegos que han afectado a provincias como León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila, se han adoptado medidas drásticas como desalojos y confinamientos para proteger a la población. Estas circunstancias, según señala IU, han generado situaciones de riesgo por exposición al humo, peligro por la cercanía de las llamas y problemas de aislamiento que impiden los desplazamientos con normalidad.
Es en este escenario donde, según la organización, ha surgido un conflicto laboral. Algunos trabajadores se han encontrado con la oposición de sus empresas para acogerse a un derecho laboral específico diseñado para este tipo de catástrofes, viéndose presionados para acudir a trabajar a pesar de las circunstancias personales y de seguridad.
A propuesta del Ministerio de Trabajo, el Gobierno de España aprobó una modificación legislativa tras los efectos de la DANA para crear un nuevo derecho para los trabajadores. Se trata del artículo 37.3.g), que establece un permiso retribuido de "hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo" cuando concurra una "situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".
La normativa especifica que, transcurrido ese periodo inicial, el permiso se puede prolongar hasta que desaparezcan las causas que lo justificaron. Izquierda Unida considera que el confinamiento o la evacuación por un incendio encaja perfectamente en esta definición, justificando plenamente el uso de este permiso retribuido, especialmente cuando el puesto de trabajo requiere un desplazamiento a otra localidad.
El coordinador de IU Castilla y León, Juan Gascón, ha manifestado que "los trabajadores y trabajadoras en determinadas condiciones no pueden trabajar, no pueden llegar a su puesto de trabajo o no están en las condiciones psicológicas adecuadas para poder trabajar". Gascón subraya que la solidaridad con las víctimas de los incendios debe extenderse a quienes pierden sus casas, son evacuados o confinados, y no solo a los fallecidos o heridos.
Ante la negativa de algunas empresas a aplicar este derecho, la formación ha anunciado su intención de actuar. "Desde IU comunicaremos este incidente que se han producido con algunas empresas en algunos municipios afectados por el fuego y aledaños al Ministerio de Trabajo", afirman en su comunicado. El objetivo es que la inspección de trabajo investigue a "aquellas empresas que no respetan la ley y el derecho de la clase trabajadora ante estas catástrofes a poner a salvo su vida, las de sus familiares y sus propiedades".