La Junta de Castilla y León busca despejar una de las mayores incertidumbres que planean sobre los afectados por los devastadores incendios del verano: la fiscalidad de las ayudas directas, que ya comenzarán a repartirse a corto plazo. El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que se ha dirigido formalmente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda para garantizar que estas prestaciones no tengan que ser declaradas.
En una comparecencia para detallar el alcance de las medidas de apoyo a los afectados por los incencios en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León ha abordado la preocupación latente entre las familias que han recibido o van a recibir los 500 euros de ayuda directa por desalojo. Aunque la normativa general contempla exenciones para daños vinculados a catástrofes, la naturaleza de esta ayuda, concedida sin necesidad de justificar gastos con facturas, abre la puerta a posibles interpretaciones por parte de la Agencia Tributaria.
El objetivo de la Junta es "blindar a los damnificados" y evitar que un apoyo concebido para aliviar su situación se convierta en una carga fiscal futura. La misiva enviada al Gobierno central persigue un doble fin: solicitar la máxima flexibilidad en la interpretación de la norma actual y, si fuera necesario, impulsar los cambios legislativos oportunos para asegurar una exención total y sin ambigüedades.
La principal noticia derivada de la intervención del portavoz ha sido la confirmación de esta gestión ante el Ejecutivo nacional. Carriedo ha explicado que, si bien la Junta entiende que la mayor parte de estas ayudas deberían estar exentas, se ha optado por la prudencia y la anticipación. "Nosotros entendemos que la mayor parte de estas ayudas van a estar exentas de esa tributación", ha señalado, pero ha reconocido la existencia de un posible vacío interpretativo.
El problema radica en que, para facilitar el acceso rápido a la liquidez, la ayuda de 500 euros se concede sin exigir una justificación exhaustiva del gasto. "No vamos a ver ningún ticket, ninguna factura", ha remarcado Carriedo. Esta agilidad administrativa podría chocar con los criterios de la administración tributaria estatal. Por ello, el portavoz ha sido claro en su petición al Gobierno: "Me he dirigido a la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, solicitando la máxima flexibilidad en la interpretación de estas ayudas y, en su caso, para que se establezcan las modificaciones que puedan ser oportunas para que las mismas no sean objeto de tributación".
La Junta considera que todavía hay margen de maniobra, ya que "estamos todavía en el mes de agosto", y confía en que se pueda realizar cualquier cambio normativo "con la máxima agilidad posible para garantizar que no es objeto de tributación". Esta medida busca ofrecer una seguridad jurídica y económica total a los ciudadanos que han perdido sus hogares o han sufrido las consecuencias directas del fuego.
Más allá de la cuestión fiscal, Fernández Carriedo ha reiterado las condiciones de las ayudas directas por desalojo, confirmando su carácter universal. Todas las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, independientemente del tiempo que durase el desalojo, tienen derecho a percibir los 500 euros. "¿Esta cantidad de 500 euros se garantiza para todo el mundo, incluso para aquellos que solo han estado un día desalojados? Sí", ha afirmado de manera contundente.
El portavoz ha justificado esta decisión en la voluntad de simplificar el proceso y evitar cargas burocráticas a los afectados. "Lo que no queríamos es tener que incurrir en un procedimiento de pedir facturas, de pedir tickets, de que la gente guarde sus gastos. Sencillamente es algo mucho más cómodo", ha detallado. El procedimiento se limita a rellenar un formulario y acreditar haber sido objeto de desalojo. Según los datos aportados, 69 familias ya han recibido esta prestación desde el pasado viernes.