Izquierda Unida presentará mociones en todos los ayuntamientos de Castilla y León donde tiene representación para exigir un cambio en la política de gestión de incendios. La formación pide un operativo totalmente público y la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.
Izquierda Unida anuncia la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de Castilla y León donde cuenta con representación para exigir responsabilidades políticas por la gestión de los incendios forestales. La formación reclama un giro en las políticas de la Junta, la creación de un operativo de extinción completamente público y la dimisión de altos cargos del Gobierno autonómico.
Esta iniciativa surge tras la oleada de incendios que ha afectado a la comunidad durante el verano. Desde la organización política califican la situación como la consecuencia directa del abandono institucional y de una “gestión forestal irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León”. Consideran que los fuegos no son una catástrofe natural inevitable, sino un problema derivado de la falta de prevención y de un modelo de gestión que critican duramente.
Las mociones buscan recabar el apoyo de las corporaciones locales para instar al ejecutivo autonómico a adoptar medidas urgentes y estructurales que eviten la repetición de estos episodios en el futuro, poniendo el foco tanto en la prevención como en la recuperación de las zonas afectadas.
Uno de los puntos centrales de la propuesta de Izquierda Unida es la solicitud de cese de los máximos responsables en la materia. Concretamente, la formación exige la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y política forestal, José Ángel Arranz. Les señalan como los principales responsables políticos de la gestión actual.
Según se detalla en el texto de la moción, la organización considera que la mala gestión no solo ha provocado un grave daño medioambiental, sino también una pérdida significativa de fondos públicos. Estiman que el coste medio de extinción de un fuego asciende a unos 20.000 euros, lo que podría haber supuesto un gasto total de aproximadamente tres millones de euros este verano. “Si hubiera habido una adecuada prevención durante el resto del año el ahorro económico para las administraciones públicas podría haber sido inmenso”, señalan desde IU.
Otra de las demandas clave es la transformación del servicio de prevención y extinción de incendios. Izquierda Unida denuncia que la red actual, compuesta por 35 empresas privadas contratadas por la Junta, “vive del dinero público y precariza el trabajo de las y los bomberos forestales”. Por ello, instan a que el operativo sea totalmente público y funcione durante todo el año, no solo en la temporada de alto riesgo.
Para ello, la moción incluye las siguientes peticiones a la Junta de Castilla y León:
Finalmente, la formación política pide al Gobierno de España y a la Junta que aprueben un Plan de Resiliencia y Recuperación para Castilla y León. El objetivo de este plan sería dedicar los esfuerzos económicos y materiales necesarios para compensar a los vecinos afectados por los incendios y para recuperar ecológicamente las zonas calcinadas.
En su argumentación, Izquierda Unida vincula la vulnerabilidad de los montes a factores estructurales como “el despoblamiento rural, el abandono de la ganadería extensiva y la pérdida de los paisajes en mosaico tradicionales”. Advierten que sin una política activa de dinamización rural y de recuperación de prácticas sostenibles, “los incendios seguirán encontrando el terreno abonado para expandirse”.