El vicepresidente de la Diputación avisa de que las instalaciones garreñas podrían cerrar definitivamente sus puertas después de cinco años esperando a los trámites para unas obras de ampliación. La Junta tiene reservados 6 millones de euros, pero el portavoz del ejecutivo autonómico no descarta que se pierdan si AESA no resuelve el expediente pendiente. Con el traspaso de competencias en el aire, todas las opciones son posibles.
La propuesta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de transferir sus competencias a las comunidades autónomas pone en peligro la continuidad del proyecto aeronáutico en Garray. Amenaza con retrasar, una vez más y después de cinco años de tramitación, las obras de ampliación del Aeródromo y podría desembocar en el cierre definitivo de las instalaciones.
Así lo advertía ayer José Antonio de Miguel, vicepresidente de la Diputación de Soria y diputado coordinador del Aeródromo de Garray, en una entrevista exclusiva concedida a este medio. De Miguel cargaba con dureza contra AESA, a la que acusaba directamente de paralizar el futuro del aeródromo y poner en peligro la inversión de seis millones de euros, comprometidos por la Junta de Castilla y León.
El vicepresidente corrobora las palabras de Benito Serrano, presidente de la Diputación, e insiste en que "iremos a los tribunales para defendernos de una tomadura de pelo". Recuerda a AESA que "mientras tenga las competencias es responsable de dar salida a los expedientes" y se pregunta "qué interés oculto hay para dilatar el de Garray".
Soria Noticias ha preguntado a Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, por este asunto y ha enfriado las expectativas sobre un traspaso inminente, dejando claro que la pelota sigue, íntegramente, en el tejado del Gobierno central. "Mientras no se culmine un complejo y largo proceso de negociación, en el que hay que concretar también medios humanos y materiales, la responsabilidad es exclusiva de la administración estatal", ha señalado Carriedo, que ha recordado que "la Junta no ha solicitado esta nueva competencia y tampoco tiene intención de acelerar su recepción".
Para el ejecutivo autonómico, el hecho de que se haya iniciado un diálogo para una futura transferencia no exime a AESA de sus obligaciones presentes. El portavoz del ejecutivo autonómico ha afirmado que la competencia no se diluye ni se comparte durante un proceso de negociación. Un trámite que "puede prolongarse durante años" e implica "negociaciones exhaustivas en la comisión mixta para definir con precisión los recursos que acompañan a la nueva responsabilidad".
"En el momento actual, esto está muy lejos de producirse, porque ni ha habido una oferta económica clara de esos medios humanos y materiales, ni la Junta de Castilla y León ha planteado nuestra vocación de urgencia de recibir esta competencia", ha explicado. De hecho, ha manifestado una clara falta de interés en acelerar el proceso: "Nosotros no tenemos ninguna prisa en recibir una competencia y menos si no está bien valorada".
La principal preocupación en Soria es si esta indefinición administrativa podría poner en riesgo los fondos reservados para la modernización del aeródromo. Al ser preguntado directamente sobre si la demora de AESA en resolver el expediente podría llevar a la pérdida de la inversión, Carriedo no la ha descartado y ha optado por desviar la pregunta hacia la administración central. "Esa pregunta la tiene que responder AESA, no nosotros", ha concluido.