Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Soria ¡YA! para que la Junta se reincorpore al convenio de conservación de iglesias y ermitas en los pueblos de Soria con menos de 500 habitantes. La iniciativa, defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, busca revertir la retirada del Gobierno autonómico en 2011 y asegurar la protección del patrimonio rural no declarado Bien de Interés Cultural.
Las Cortes de Castilla y León aprueban este martes por unanimidad una iniciativa de Soria ¡YA! que insta a la Junta a volver a participar en la conservación de iglesias y ermitas en los pueblos más pequeños de la provincia. La propuesta busca reincorporar al Gobierno autonómico al convenio que mantiene con la Diputación y el Obispado de Osma-Soria desde 1996.
La proposición no de ley (PNL), defendida en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios presentes. Esta medida responde a una demanda creciente de los vecinos de numerosas localidades sorianas que ven cómo el patrimonio religioso de sus pueblos, fundamental para su identidad colectiva, se deteriora por la falta de financiación suficiente.
El objetivo es que la Junta de Castilla y León se sume de nuevo al convenio de colaboración que el Obispado de Osma-Soria y la Diputación Provincial mantienen desde 1996. Dicho acuerdo está destinado a la conservación y reparación de templos en municipios con una población igual o inferior a 500 habitantes, siempre que no estén declarados o incoados como Bien de Interés Cultural (BIC).
El procurador soriano Juan Antonio Palomar ha sido el encargado de defender la propuesta, argumentando que "la conservación del patrimonio en la España interior no debería ser un lujo, sino un servicio público, porque con ella se fomenta la igualdad territorial para la España vaciada". En su intervención, Palomar ha recordado que, en muchos pueblos de Soria, las iglesias y ermitas son "el centro comunitario, la identidad del municipio, el edificio mejor construido y, a menudo, el único espacio de encuentro colectivo".
Palomar ha puesto en valor la eficacia del convenio, que desde su creación ha permitido rehabilitar más de 170 templos en la provincia. "Con pequeñas aportaciones se han salvado cubiertas, torres, bóvedas o carpinterías en decenas de localidades, evitando daños irreparables", ha explicado. Sin embargo, ha calificado la retirada de la Junta en 2011 como "una pérdida notable" que dejó a las parroquias y a la Diputación solas ante un reto que excede su capacidad financiera.
Desde Soria ¡YA! se ha insistido en que la iniciativa no busca duplicar las inversiones que la Junta ya realiza en bienes BIC, sino "complementar donde la Junta no llega", asegurando así la corresponsabilidad autonómica en la protección de un patrimonio rural especialmente vulnerable. "Cada euro invertido a tiempo en la reparación de una cubierta ahorra varios más en el futuro y evita la ruina definitiva", ha sentenciado el procurador.
La Junta de Castilla y León formó parte de este acuerdo de conservación desde 1996 hasta la anualidad de 2010, firmada en 2011. Su salida se justificó entonces por la decisión de concentrar la inversión autonómica en bienes declarados BIC, en un contexto de recortes derivado de la crisis económica de 2008. Esta medida dejó fuera de las ayudas a centenares de iglesias y ermitas rurales que, sin esa catalogación, quedaron en riesgo.
Desde entonces, el convenio se ha sostenido únicamente con las aportaciones del Obispado, las parroquias y la Diputación Provincial. Según se detalla en la propuesta, la institución provincial, con un presupuesto limitado, no dispone de la capacidad financiera para atender la magnitud del problema, pudiendo actuar cada año en un número reducido de templos y dejando a decenas de pueblos en lista de espera.
La iniciativa aprobada este martes en las Cortes insta a la Junta a garantizar su participación en el convenio con un compromiso que abarque varios ejercicios presupuestarios. Además, establece una serie de prioridades y condiciones:
Para Soria ¡YA!, este acuerdo representa un acto de "responsabilidad cultural, equidad territorial y buen gobierno". Palomar ha concluido su intervención con una reflexión sobre el valor de estos edificios: "Cuando se derrumba una iglesia en un pueblo de 80, 120 o 300 habitantes, no se cae solo un edificio: se pierde memoria, cultura e identidad colectiva".