La Junta de Castilla y León ha modificado las bases reguladoras del Programa Mixto de Formación y Empleo, publicadas hoy en el Bocyl. Los cambios buscan simplificar la gestión, facilitar la concurrencia de entidades locales y primar proyectos innovadores, medioambientales y con alta empleabilidad.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León introduce importantes novedades en las bases que regulan el Programa Mixto de Formación y Empleo. Según la modificación publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el objetivo es simplificar la tramitación administrativa y potenciar aquellas iniciativas que presenten un carácter innovador, un enfoque medioambiental o una elevada tasa de inserción laboral.
Esta actualización normativa, que precede a la próxima convocatoria de subvenciones, se fundamenta en la experiencia acumulada en ediciones anteriores. Desde la Junta se explica que se busca una mayor eficacia en los objetivos del programa, así como dar una respuesta más ajustada a las particularidades de cada territorio y atender las necesidades detectadas en los últimos años.
Los programas mixtos son una herramienta clave para el empleo, ya que combinan la formación teórica con el trabajo práctico remunerado. Estas iniciativas duales permiten a las personas desempleadas obtener un certificado de profesionalidad mientras realizan una labor real, contribuyendo así a su desarrollo académico y profesional y facilitando su posterior incorporación al mercado laboral.
La modificación de las bases reguladoras introduce cambios significativos tanto en la gestión como en la valoración de los proyectos. El propósito es agilizar los procesos y orientar los fondos hacia las iniciativas más beneficiosas para la comunidad. Las claves de la reforma son las siguientes:
Uno de los ejes de la reforma es la introducción de nuevos criterios para valorar las propuestas que se presenten. En este sentido, se incentivarán especialmente los proyectos considerados 'verdes', como aquellos que contribuyan a la prevención de incendios forestales o a la recuperación de zonas afectadas por el fuego. Esta medida busca alinear las políticas de empleo con los objetivos de sostenibilidad y cuidado del entorno natural.
Asimismo, se valorará positivamente que los proyectos contribuyan a la diversificación de la actividad económica y a la ampliación de servicios públicos, especialmente en los municipios del ámbito rural. El fin último es que las acciones formativas mejoren de manera tangible las oportunidades de empleo de los participantes una vez finalizado el programa.
Con la nueva normativa se busca facilitar la concurrencia de un mayor número de entidades. Además de la novedosa cooperación interadministrativa, se mantienen como beneficiarias las entidades locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes, así como las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro.
Los programas podrán tener una duración de 6, 9 o 12 meses. La subvención concedida por la Junta de Castilla y León cubrirá íntegramente los costes de formación y funcionamiento, además de abonar el salario de todos los participantes durante las etapas de formación y de trabajo real, garantizando así una cobertura completa del proyecto.