El Consejo de Cuentas publica su informe sobre el endeudamiento de Castilla y León en 2023, cifrando la deuda en 13.865 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior. A pesar del incremento, la comunidad se mantiene por debajo de la media nacional en indicadores clave como la deuda sobre el PIB y la deuda por habitante, aunque afronta el reto de amortizar la mitad de sus préstamos en los próximos cinco años.
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprueba el informe sobre el “Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2023”, un documento que ya ha sido remitido a las Cortes. Este análisis, realizado por segundo año consecutivo, ofrece una radiografía detallada de la situación financiera del sector público autonómico.
El informe revela que el volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, el sistema utilizado por la Unión Europea para el control del déficit, ascendía a 13.865 millones de euros al cierre de 2023. Esta cifra representa un incremento interanual de 543 millones de euros, lo que se traduce en una subida del 4,1% respecto al ejercicio anterior.
A pesar de este aumento en términos absolutos, el estudio destaca que la participación de Castilla y León en el conjunto de la deuda de las comunidades autónomas se mantiene estable en el 4%, un porcentaje que no ha variado desde el año 2013. El endeudamiento total de las autonomías españolas se situó en 325.324 millones de euros.
Al poner las cifras en contexto, el informe del Consejo de Cuentas sitúa a Castilla y León en una posición relativamente favorable en comparación con la media nacional. El porcentaje de la deuda sobre el producto interior bruto (PIB) en la comunidad fue del 19,6%, una ratio inferior tanto a la registrada en 2022 (20,7%) como a la del conjunto de las comunidades, que en 2023 se situó en el 21,7%.
En este indicador, la Comunidad Valenciana presenta la ratio más elevada (41,6%), mientras que la Comunidad Foral de Navarra registra la más baja (11,8%). En cuanto a la deuda por habitante, en Castilla y León alcanzó los 5.825 euros en 2023, lo que supone un aumento de 210 euros por persona (3,74%) respecto a 2022. No obstante, esta cifra sigue siendo inferior a la media del conjunto de las comunidades, que asciende a 6.773 euros por habitante.
Otro indicador relevante es la ratio de deuda sobre ingresos corrientes, que en la comunidad se situó en el 140%, 28 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica (168%).
El análisis detalla que la Administración general de la Comunidad afronta un importante desafío a medio plazo. Según el informe, en los próximos cinco ejercicios tendrá que hacer frente a la amortización de 6.609 millones de euros, lo que equivale a la mitad del importe total de sus préstamos. En un horizonte de diez años, el vencimiento afectará al 86,95% del saldo de deuda viva.
La deuda de Castilla y León está compuesta principalmente por los siguientes conceptos:
Los préstamos proceden en su mayoría de entidades financieras residentes (6.461 millones), del fondo de financiación de las comunidades autónomas (1.966 millones) y de entidades del resto del mundo (1.592 millones).
En materia de estabilidad presupuestaria, Castilla y León registró en 2023 un déficit de 510 millones de euros, equivalente al 0,72% de su PIB. Este dato es inferior al del total de las comunidades autónomas, que fue del -0,92%. La agencia de calificación Moody`s mantiene desde 2018 la deuda a largo plazo de la comunidad en la categoría Baa1 con perspectiva positiva, el mismo rating que la deuda soberana de España.
Como resultado de la fiscalización, el Consejo de Cuentas mantiene dos recomendaciones clave para la Junta. En primer lugar, insta a la Consejería de Economía y Hacienda a actualizar la Ley de la Hacienda y del Sector Público para que la definición de deuda de la Comunidad incluya a todas las entidades del perímetro de consolidación. En segundo lugar, aconseja vigilar de cerca los indicadores de endeudamiento para garantizar una mayor generación de recursos propios.