La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León aprueba una Proposición No de Ley de Soria Ya para que la Junta incremente la financiación a los ayuntamientos por los costes de servicios que no son de su competencia. La iniciativa ha salido adelante con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Francisco Igea.
La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Soria Ya que busca una mayor compensación económica para los ayuntamientos de la Comunidad. La iniciativa reclama a la Junta una revisión de la financiación de servicios que no son de competencia estrictamente municipal, con el objetivo de aliviar la carga que soportan, especialmente, las entidades locales más pequeñas.
Según indican en la formación sorianista, muchos ayuntamientos de la Comunidad, sobre todo los de menor tamaño y población, se enfrentan a diario a una carga financiera que tensiona sus presupuestos: la asunción de costes por servicios que legalmente no les corresponden. Estas denominadas competencias impropias limitan su capacidad para atender las obligaciones que sí son de su estricta responsabilidad, afectando directamente a los vecinos.
Para paliar esta situación, la agrupación de electores soriana ha defendido hoy una propuesta en las Cortes regionales con el objetivo de que la Junta de Castilla y León asuma una mayor parte de esta financiación. La iniciativa, fruto de la colaboración con la plataforma Ahora Decide de Zamora, ha superado su primer trámite parlamentario en la comisión.
El texto aprobado, defendido por la procuradora soriana Vanessa García, exige a la Junta una revisión integral de las líneas de ayudas y subvenciones vinculadas a estos servicios. El objetivo principal es incrementar la financiación autonómica y, en consecuencia, reducir o incluso suprimir, cuando sea procedente, la aportación económica que actualmente realizan las arcas municipales.
Según ha explicado García durante su intervención, es necesario “ordenar y racionalizar” la participación financiera del Gobierno autonómico en estos servicios. La PNL busca evitar copagos municipales que se consideran desproporcionados y, al mismo tiempo, aportar una mayor seguridad jurídica y presupuestaria a todas las entidades locales de la Comunidad.
La Proposición No de Ley ha contado con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Presidencia. Sin embargo, la iniciativa no ha logrado la unanimidad, ya que el Partido Popular ha votado en contra de la propuesta, mientras que el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, se ha abstenido.
En la formación promotora de esta medida han valorado positivamente la aprobación, pero han sido críticos con la postura de los populares. “El PP va a tener que explicar a los alcaldes de los pequeños ayuntamientos en los que gobierna los motivos del rechazo de una propuesta lógica y que sí defiende el municipalismo del que tanto alardean”, han señalado en la agrupación de electores.
La PNL aprobada este lunes reclama a la Junta la creación de un marco de financiación estable y justo, que sea sensible a la realidad demográfica y territorial de Castilla y León. El fin último es garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía sin que los ayuntamientos tengan que asumir gastos que no les corresponden.
Para Soria Ya, este acuerdo supone un paso coherente “con la defensa del municipalismo y con la necesidad de proteger a los pueblos más pequeños frente a la despoblación y la insuficiencia financiera”. Consideran que, si la Junta asume su responsabilidad, los consistorios podrán disponer de un esquema de financiación que no penalice la prestación de servicios a sus vecinos.