La Junta comunica formalmente al Ministerio su oposición al nuevo Mapa Concesional Estatal. El Ejecutivo regional critica la falta de diálogo y una financiación adecuada para garantizar el servicio.
La Junta de Castilla y León muestra su oposición frontal al nuevo Mapa Concesional Estatal de transporte en autobús propuesto por el Gobierno de España. El ejecutivo autonómico ha formalizado su rechazo a través de una carta enviada al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que califica la decisión de unilateral y perjudicial para la cohesión territorial de la comunidad.
Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, dirigida por José Luis Sanz Merino, se argumenta que el plan ministerial no atiende a las necesidades reales de una comunidad como Castilla y León, donde el transporte es un servicio esencial para la vertebración del territorio. La propuesta del Gobierno central plantea que las comunidades autónomas asuman la gestión de ciertos tráficos o que sea el propio Ministerio quien los gestione, pero bajo unos criterios que, según la Junta, no garantizan la continuidad de los servicios actuales.
El consejero ha sido contundente al respecto, afirmando que “nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”. Esta postura evidencia una profunda brecha entre ambos modelos de gestión del transporte público, poniendo en riesgo la movilidad en numerosas localidades de la región.
El borrador del Mapa Estatal, presentado en 2022, es el principal foco de preocupación para el gobierno autonómico. Según los datos de la Consejería, su aplicación supondría la supresión de 474 paradas que actualmente dan servicio a 346 municipios de Castilla y León. Sanz Merino ha señalado que este diseño “no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad”.
La propuesta del Ministerio contempla dos alternativas, ninguna de las cuales convence a la Junta:
Otro de los puntos clave del conflicto es la “falta de diálogo” que denuncia la Junta. El consejero ha insistido en que se ha solicitado durante tres años la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Transporte, el órgano adecuado para debatir un tema de tanto calado, sin obtener respuesta. “Se está desoyendo el sentir de las comunidades autónomas”, ha lamentado Sanz Merino.
Este malestar no es exclusivo de Castilla y León. Según se detalla desde la Consejería, en una reunión previa de directores generales, el punto referente al mapa de transportes tuvo que ser retirado del orden del día ante el rechazo de 11 comunidades autónomas. La Junta subraya que se trata de dos modelos de gestión opuestos: mientras el estatal suprime paradas, el autonómico busca implantar la gratuidad en 2.610 rutas para los empadronados como medida para fijar población y facilitar el acceso a servicios públicos.