La incapacidad temporal común en España alcanzó cifras récord en 2024, con más de 8,7 millones de bajas y un coste total superior a los 29.114 millones de euros. Un informe de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) revela un aumento del 121% en los procesos desde 2015, señalando las listas de espera sanitarias y la burocracia como factores clave, y propone que las mutuas asuman la gestión sanitaria de ciertas patologías para agilizar la recuperación de los trabajadores y reducir costes.
El absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) ha alcanzado niveles sin precedentes en España durante el ejercicio 2024, generando una carga económica y operativa cada vez más pesada para el sistema de la Seguridad Social y el tejido empresarial. El número de bajas laborales y su coste asociado continúan una tendencia ascendente que amenaza seriamente la sostenibilidad del sistema y la competitividad de las empresas.
Así se desprende del último 'Informe de Absentismo Laboral ITCC' elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), al que ha tenido acceso este periódico. El documento detalla cómo en 2024 se iniciaron más de 8,7 millones de procesos de baja, lo que supone un incremento del 6,93% respecto al año anterior y un alarmante 121,55% en comparación con las cifras de 2015. Esta escalada ha provocado que el coste total, sumando las prestaciones económicas y el gasto directo para las empresas, supere los 29.114 millones de euros.
El informe subraya que este crecimiento es desproporcionado si se compara con el aumento de la población trabajadora protegida, que fue del 24,92% en el mismo periodo. Según las estimaciones de AMAT, la situación equivale a que 1.660.914 trabajadores no acudieron a su puesto ningún día del año 2024, un 14,13% más que en 2023 y un 119,07% más que hace nueve años.
El análisis de AMAT desglosa el impacto del absentismo laboral en varios indicadores que reflejan la magnitud del problema. Los datos de 2024, comparados con los del ejercicio anterior y con la serie histórica desde 2015, muestran una tendencia de crecimiento sostenido en prácticamente todos los parámetros.
El informe pone especial atención en dos fenómenos que agravan la situación: el aumento de las bajas de larga duración y el incremento de los procesos relacionados con la salud mental. Ambos indicadores han alcanzado cifras récord, evidenciando problemas estructurales en la gestión sanitaria y administrativa.
En diciembre de 2024, el número de procesos abiertos con una duración superior a los 365 días llegó a 133.341, la cifra más alta de la serie histórica y un 313,95% superior a la registrada en enero de 2019. Por otro lado, las bajas diagnosticadas como trastornos mentales alcanzaron los 415.374 procesos en 2024, lo que supone un crecimiento interanual del 12,48% y del 176,57% en los últimos nueve años.
Según el análisis de AMAT, el incremento del absentismo no responde a una única causa, sino a una combinación de factores entre los que destacan las demoras en el sistema público de salud y la complejidad burocrática. El informe califica la gestión actual como un "laberinto burocrático" que involucra a los Servicios Públicos de Salud (SPS), al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a las propias mutuas.
Uno de los datos más reveladores es la diferencia en los tiempos de recuperación. Un trabajador con una patología traumatológica tarda, de media, 30 días más en recuperar su salud cuando es tratado por el sistema público que si esa misma dolencia fuera gestionada por una mutua. Esta diferencia, según el informe, se debe a las listas de espera para especialistas y pruebas diagnósticas, que en diciembre de 2024 alcanzaron los 141 días de media para una intervención quirúrgica traumatológica.
Ante este escenario, AMAT plantea un compendio de propuestas orientadas a racionalizar la gestión y agilizar la recuperación de los trabajadores, lo que, a su juicio, redundaría en un ahorro significativo para el sistema. Las medidas más destacadas son:
El informe concluye que la adopción de estas medidas podría generar un ahorro potencial de más de 3.245 millones de euros anuales, además de contribuir a reducir las listas de espera del Sistema Nacional de Salud y, lo más importante, acelerar la recuperación de la salud de miles de trabajadores.