Senadores del Partido Popular de Soria y Burgos denuncian la "paralización completa" de las obras en el tramo de la Autovía del Duero (A-11) entre Langa de Duero y Aranda de Duero. Atribuyen el cese de la actividad al agotamiento de la partida presupuestaria de este año y exigen al Gobierno una reasignación urgente de fondos para evitar que la finalización se retrase a la próxima década.
Senadores del Partido Popular de Soria y Burgos denuncian la "paralización completa" de las obras en el tramo de la Autovía del Duero (A-11) entre Langa de Duero y Aranda de Duero. Atribuyen la situación a que se ha agotado la partida presupuestaria asignada para este año y exigen al Gobierno una reasignación urgente de fondos para evitar que los plazos se demoren una década más.
En una comparecencia conjunta que ha unido a parlamentarios de ambas provincias, los senadores Javier Lacalle (Burgos) y José Manuel Hernando (Soria) han expuesto una situación que han calificado de "auténtico escándalo". Según han relatado, la maquinaria pesada ha desaparecido por completo del trazado y no se observa actividad alguna desde hace semanas, justo cuando las condiciones meteorológicas eran más favorables para el movimiento de tierras.
Esta detención de los trabajos en el único tramo en ejecución de la A-11 en la provincia de Burgos y limítrofe con Soria ha encendido todas las alarmas. Se trata de una infraestructura considerada estratégica para la vertebración del eje del Duero y cuya finalización ha sido una reivindicación histórica para el desarrollo económico y social de ambos territorios.
El senador por Burgos, Javier Lacalle, ha sido el encargado de detallar la cronología de los hechos, asegurando que la denuncia se basa en la observación directa durante las últimas tres semanas. "Hoy es el día de denunciar públicamente que las obras del tramo de la autovía entre Soria y Burgos, entre Burgos y Soria, están completamente paralizadas", ha afirmado con rotundidad. Según Lacalle, las imágenes que han recopilado durante sus visitas al tramo confirman la ausencia total de operarios y equipos de trabajo.
El tramo afectado, de 22 kilómetros, arrastra un largo historial de retrasos. Sus obras se iniciaron originalmente en 2008, fueron paralizadas en 2010 por el Gobierno de Zapatero y, tras un complejo proceso, el nuevo proyecto se adjudicó finalmente en noviembre de 2023. El contrato se formalizó el 28 de diciembre de ese año con un plazo de ejecución de 37 meses, lo que situaba su puesta en servicio en las primeras semanas de 2028. Sin embargo, con casi un tercio del plazo ya consumido, el parón actual pone en serio riesgo este calendario.
Los senadores populares han señalado directamente al Gobierno como responsable de la situación, eximiendo a la UTE adjudicataria. La causa, según han explicado, es puramente económica: el agotamiento de los fondos previstos para el presente ejercicio. Lacalle ha calificado de "absurdo" el reparto plurianual del presupuesto, que asignaba apenas 10 u 11 millones de euros para este año, 26 millones para 2026 y dejaba el grueso de la inversión, casi 150 millones, para el último año, 2027.
"Evidentemente, las empresas adjudicatarias no van a seguir trabajando, por eso se han llevado la maquinaria, porque no van a estar trabajando para pasar certificaciones que el ministerio no les va a abonar", ha argumentado Lacalle. Esta distribución presupuestaria, ha advertido, hace materialmente imposible cumplir los plazos. "Si continúa la redistribución económica tal y como está planteada, es imposible. (...) El último año es imposible poder ejecutar 150 millones de obra", ha sentenciado.
Ante este bloqueo, el Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso y el Senado. Su principal exigencia es que el Ministerio de Transportes realice una modificación presupuestaria interna para reasignar créditos de forma inmediata. Proponen, en concreto, que se adelante una parte sustancial de los 150 millones previstos para 2027 al presupuesto de 2026, elevando la partida del próximo año de 26 a unos 80 millones de euros.
Para forzar una respuesta del Ejecutivo, los populares registrarán una batería de preguntas oficiales, una moción en el Senado y una proposición no de ley en el Congreso. Además, han solicitado la comparecencia urgente del director general de Carreteras en la comisión de Transportes del Senado para que informe no solo sobre este tramo, sino sobre el estado de todos los proyectos pendientes de la Autovía del Duero.
Por su parte, el senador por Soria, José Manuel Hernando, ha enmarcado este problema en un contexto más amplio de abandono de las infraestructuras en la provincia. Hernando ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "dejadez, negligencia e incluso inquina" hacia Soria. "Estamos acudiendo a una técnica por parte del gobierno, que es la de dilatar los tiempos, ampliar los plazos, entiendo que de forma absolutamente deliberada y consciente", ha criticado.
Hernando ha recordado que otros tramos vitales para Soria, como los de la A-15, se encuentran en fases de proyecto que se eternizan, sin fechas para el inicio de las obras. Ha puesto como ejemplo el tramo en ejecución entre Fuensáuco y Villar del Campo, con un presupuesto de 100 millones de los que solo se han certificado 3,5 millones en su primer año. "Evidentemente con ese dinero es imposible que se ejecuten obras reales", ha lamentado.
La conclusión de ambos senadores ha sido unánime y pesimista. De no actuar el Gobierno, la finalización de este tramo se aleja de 2028. "Tal y como está en este momento la distribución presupuestaria, significa que nos vamos ya a la siguiente década. Es decir, nos vamos a la década de los 30", ha advertido Lacalle. Una previsión que, según han concluido, deja en evidencia las promesas del ministro Óscar Puente y obliga a mantener una reivindicación firme para que la Autovía del Duero deje de ser una cuenta pendiente.