CASTILLA Y LEóN
Actualizado 26/09/2025 10:52:54

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado la resolución definitiva de las ayudas para contratar a 107 jóvenes como personal técnico de apoyo a la investigación en las universidades públicas de la comunidad. Los contratos, cofinanciados por la Unión Europea, tendrán una duración máxima de dos años y se enmarcan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.


La Consejería de Educación ha hecho pública la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación en las universidades públicas de Castilla y León. Esta medida, dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, permitirá la incorporación de 107 nuevos profesionales a distintos proyectos y laboratorios de la comunidad.

Según la orden EDU/1043/2025, publicada este viernes 26 de septiembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), esta iniciativa busca fomentar el empleo juvenil cualificado y reforzar las estructuras de investigación de la región. El programa está cofinanciado por la Unión Europea, subrayando el compromiso con el desarrollo del talento y la I+D+i en el marco europeo.

La resolución, firmada por la consejera soriana Rocío Lucas Navas, llega tras la valoración de las solicitudes presentadas a la convocatoria original del pasado mes de mayo. El objetivo es facilitar una primera experiencia profesional en el ámbito de la investigación a jóvenes titulados, contribuyendo así a retener el talento en Castilla y León.

¿Quiénes son los beneficiarios y qué contratos obtendrán?

La orden ministerial detalla los listados completos de los candidatos seleccionados, divididos en dos anexos principales. En total, se han concedido 107 plazas, de las cuales 35 corresponden a los beneficiarios de tipo A y 72 a los de tipo B. Los seleccionados se incorporarán a las plantillas de las universidades públicas de la región: Salamanca (USAL), Valladolid (UVA), León (ULE) y Burgos (UBU).

Las condiciones de los contratos están claramente especificadas en la resolución. Los beneficiarios deberán formalizar su contrato en un plazo de quince días hábiles contados a partir del próximo lunes, 29 de septiembre de 2025. La duración de estos contratos será de un máximo de dos años a partir de esa misma fecha, rigiéndose por la normativa laboral vigente y los convenios colectivos de cada universidad.

Áreas de investigación y plazos de la convocatoria

Los nuevos técnicos se integrarán en una amplia variedad de áreas de conocimiento, que van desde la biomedicina hasta las humanidades digitales. Algunos de los puestos a cubrir incluyen el apoyo al Banco Nacional de ADN, la investigación en polímeros inteligentes, el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, la biotecnología, la gestión de proyectos europeos o el análisis de ecosistemas forestales, entre otros muchos.

A continuación, se detallan los puntos clave de esta convocatoria:

  • Beneficiarios: Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
  • Objetivo: Contratación de personal técnico para apoyar la labor investigadora en las universidades públicas de Castilla y León.
  • Número de plazas: 107 contratos financiados.
  • Duración del contrato: Un máximo de dos años.
  • Plazo de formalización: 15 días hábiles a partir del 29 de septiembre de 2025.
  • Financiación: Cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la Unión Europea.

Solicitudes denegadas y recursos

La resolución publicada en el Bocyl también incluye los listados de solicitudes que han sido inadmitidas o consideradas desistidas. Las causas principales de denegación han sido no acreditar la titulación requerida, no constar empadronado en un municipio de Castilla y León o no estar inscrito en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud.

Asimismo, se ha publicado una relación de suplentes para cubrir posibles vacantes. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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