Un estudio impulsado por la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid cifra en 1.067 millones de euros anuales el impacto de la economía social en la comunidad, lo que equivale al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. El informe destaca su papel crucial en la cohesión social y territorial, la creación de empleo estable para colectivos vulnerables y la reducción de la brecha salarial.
La economía social en Castilla y León genera unos beneficios totales de 1.067 millones de euros anuales, una cifra que representa el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. Estos datos se desprenden del avance de un estudio promovido por la Junta, a través de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid (UVa), presentado durante una jornada celebrada este viernes.
El informe, elaborado por la consultora Abay Analistas Económicos, busca suplir la carencia de datos cuantitativos sobre el impacto real de este sector en la región. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha sido la encargada de inaugurar el encuentro, donde ha subrayado el compromiso del gobierno autonómico con este modelo económico, que se ha traducido en una inversión cercana a los 83 millones de euros en los últimos dos años.
La metodología empleada para cuantificar este impacto ha sido reconocida por la OCDE y es la misma que se utilizó en el informe nacional de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). El estudio reafirma a la economía social como una herramienta fundamental para la cohesión social y territorial, proporcionando empleo estable, prestando servicios básicos y contribuyendo a fijar población.
El análisis detalla cómo se distribuyen los 1.067 millones de euros de beneficios monetarios que la economía social aporta anualmente a Castilla y León. Los principales beneficiarios son las familias, seguidas de las administraciones públicas y las propias empresas del sector.
El informe va más allá de las cifras económicas y plantea un escenario hipotético para medir la contribución diferencial del sector. Concluye que si las entidades de la economía social adoptaran los principios de la economía mercantil tradicional, se producirían graves impactos negativos en la cohesión de la comunidad.
En ese supuesto, las consecuencias serían notables en varios ámbitos. Por ejemplo, más de 11.000 personas de colectivos vulnerables perderían su puesto de trabajo, con un impacto económico superior a los 309 millones. Además, unas 6.500 personas dejarían de tener una relación laboral estable, lo que supondría un coste de 209 millones de euros en dependencia de subsidios.
El estudio también advierte de que se agrandaría la brecha salarial de género, afectando a más de 19.000 trabajadoras, y se reduciría la oferta de servicios esenciales. Se estima la pérdida de casi 10.000 empleos en cuidados y 3.300 en educación, con un impacto de 411 millones. Esta situación sería especialmente severa en el medio rural, donde unas 2.600 personas tendrían que desplazarse a zonas urbanas para cubrir sus necesidades básicas.
Durante su intervención, la consejera Leticia García ha señalado que estos datos reflejan el protagonismo de la economía social y el éxito de las políticas públicas de la Administración autonómica. Ha recordado que el compromiso de la Junta se materializa en un incremento presupuestario del 49% desde el inicio de la legislatura.
La inversión total en políticas de fomento de este sector durante los dos primeros años de vigencia del Plan de Fomento de la Economía Social 2023-2025 se acerca a los 83 millones de euros. Según la consejera, a este apoyo económico se suma el esfuerzo por dar visibilidad y reconocimiento social a la labor de estas entidades, promoviendo valores como la igualdad de oportunidades, el desarrollo local y la inclusión social.