La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo plan de supervisión para los establecimientos específicos de juego en la Comunidad. El objetivo es claro: asegurar que casinos, salones, bingos y casas de apuestas funcionen con la máxima transparencia, bajo criterios de calidad y con un marco de confianza tanto para los usuarios como para las empresas del sector.
Esta medida, lejos de suponer una traba, se interpreta como una apuesta firme por la consolidación de un sector que aporta empleo, dinamiza la economía regional y genera ingresos fiscales estables. La propia Consejería de la Presidencia ha subrayado que se trata de garantizar un entorno de juego responsable y sólido, en el que todas las partes implicadas puedan operar con seguridad.
El último informe anual de Juego y Apuestas en Castilla y León refleja que la actividad presencial se ha mantenido estable durante el año 2024. Según los datos, en la Comunidad permanecen abiertos tres casinos y 17 bingos, cifras idénticas a las registradas en 2023. Sí se ha producido una ligera reducción en el número de salones de juego, que pasan de 119 a 116, y en las casas de apuestas, que descienden de 17 a 14.
Estas variaciones no representan un retroceso, sino un ajuste propio de un mercado dinámico en el que los operadores se adaptan a las nuevas demandas de los usuarios. En paralelo, el número de inspecciones realizadas se ha incrementado de manera notable: de 4.383 en 2023 a 4.654 en 2024. Este aumento refleja la intención de la Junta de intensificar los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Pese a esa mayor vigilancia, el número de actas levantadas por infracciones se mantiene prácticamente inalterado: 58 en total, la misma cifra que el año anterior. Este dato confirma que la inmensa mayoría de operadores cumplen de manera rigurosa con sus obligaciones.
El refuerzo en la labor inspectora no debe interpretarse como un endurecimiento desmedido, sino como un mecanismo de confianza. Según explicó el consejero Luis Miguel González Gago, la finalidad es ofrecer a la ciudadanía garantías adicionales de que los locales de juego operan bajo estándares de calidad y responsabilidad.
Uno de los aspectos más valorados en este ámbito es la protección de las personas más vulnerables. El sistema de inscripción voluntaria en el registro de prohibidos, que impide el acceso a quienes así lo solicitan, se ha estabilizado con 1.052 personas en 2024, frente a las 1.064 de 2023. Este equilibrio demuestra que el mecanismo funciona de forma efectiva, sin un crecimiento alarmante y con una aplicación ajustada a la realidad social.
El juego presencial convive con el juego online, aunque este último se regula a nivel estatal. Sin embargo, las sinergias son evidentes. Los establecimientos que cumplen con rigor en la parte física proyectan también confianza hacia el canal digital, consolidando la imagen de un sector moderno y profesional.
Hoy en día existen múltiples modalidades para quienes desean acercarse a esta industria, desde los grandes casinos regionales hasta plataformas online que permiten operar con cantidades reducidas. Algunas de estas opciones se dirigen a nuevos usuarios que prefieren comenzar con inversiones muy contenidas, como los casinos con depósito mínimo de 1 euro, que facilitan la entrada al mundo del juego de manera accesible y regulada.
Los expertos subrayan que la clave para evitar sanciones y reforzar la reputación de los establecimientos pasa por una serie de buenas prácticas que ya están extendidas en la Comunidad. Entre ellas destacan la coherencia entre los registros físicos y digitales, la trazabilidad de los accesos, la correcta custodia documental y la formación constante del personal.
La Junta, en este sentido, insiste en la importancia de que los operadores actúen con proactividad. Informar de manera transparente, anticiparse a posibles incidencias y colaborar con la administración no solo evita sanciones, sino que proyecta una imagen de profesionalidad que beneficia al conjunto del sector. En palabras de fuentes autonómicas, “un control riguroso no debe entenderse como un obstáculo, sino como una garantía de que todos juegan con las mismas reglas”.
El equilibrio entre libertad empresarial y regulación efectiva seguirá siendo la hoja de ruta en Castilla y León. Con un marco de inspecciones que asegura el cumplimiento sin frenar la actividad, la Comunidad se sitúa como referente en el panorama nacional.
Además, el sector del juego mantiene su capacidad de generar empleo directo e indirecto, impulsar la actividad económica local y contribuir con aportaciones fiscales estables a las arcas autonómicas. En este contexto, las medidas adoptadas buscan fortalecer ese ecosistema, protegiendo a los usuarios y consolidando la imagen de un sector transparente y responsable.
El mensaje que envía la Junta es claro: el juego regulado no solo es compatible con el desarrollo económico y la protección de los ciudadanos, sino que constituye un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede dar frutos positivos y sostenibles en el tiempo.