La Junta de Castilla y León ha presentado formalmente 12 alegaciones contra el anteproyecto de ley del Gobierno para la condonación de la deuda autonómica. El ejecutivo regional denuncia que la medida es injusta, tiene una motivación política y supondría un aumento de la deuda de 523 euros para cada ciudadano de la Comunidad.
La Junta de Castilla y León formaliza su rechazo a la propuesta del Gobierno de España para la condonación de la deuda autonómica. El ejecutivo regional presenta un total de 12 alegaciones al anteproyecto de ley, argumentando que la medida es injusta, responde a motivaciones políticas y supondría un aumento de la deuda de 523 euros para cada ciudadano de la Comunidad.
El Gobierno autonómico ha registrado este sábado, 4 de octubre, su escrito de oposición dentro del plazo de audiencia pública establecido por el Ministerio de Hacienda. Esta acción materializa la postura que la Junta ya había manifestado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y en diversos encuentros técnicos, mostrando un desacuerdo frontal con una medida que considera perjudicial para los intereses de Castilla y León.
Según se detalla en el documento remitido, el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera es, para la administración regional, el resultado de un pacto de investidura carente de análisis técnico riguroso y de consenso multilateral con el resto de autonomías.
El documento registrado por la Junta expone una docena de puntos fundamentales que sustentan su oposición. Entre los más destacados, se critica que la norma tiene una motivación claramente política y no ofrece una solución real al problema estructural de financiación de las comunidades autónomas.
Los principales motivos esgrimidos son los siguientes:
Uno de los datos más contundentes del informe es el impacto directo que la medida tendría sobre los ciudadanos de la región. Según los cálculos de la Junta, los castellanos y leoneses estarían entre los más perjudicados, ya que el efecto final es que verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros.
Además, el texto de las alegaciones aclara que, en contra de lo manifestado por algunos responsables políticos, esta medida no supone un flujo de ingresos adicionales para las arcas autonómicas. Tampoco generaría mayor capacidad de gasto para destinar a servicios públicos como sanidad, educación o servicios sociales, ya que la propia ley impediría que la reducción de deuda se emplee para incrementar el gasto social.
En este contexto, la Junta recuerda que, según el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el déficit de financiación acumulado por la Comunidad entre 2009 y 2021 asciende a 6.722 millones de euros, lo que equivale a más de 500 millones anuales.