El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, destacó el pasado viernes que no se dan pasos hacia delante "porque el Gobierno no quiere, pese a ser muy sencillo.
El futuro del Aeródromo de Garray (ATI) se encuentra en un punto muerto administrativo que ha provocado la frustración de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, denunciaron públicamente la inacción del Gobierno central, al que acusan de generar un "limbo competencial" que bloquea tanto el traspaso de las competencias a la comunidad autónoma como la necesaria ampliación de la infraestructura soriana.
La Junta de Castilla y León ha manifestado de forma reiterada su "disposición a asumir la gestión del aeródromo", una medida que consideran estratégica no solo para Soria, sino para el conjunto de la región. Según explicó Sanz Merino, este control permitiría optimizar el despliegue de una red de helicópteros, con una base en cada capital de provincia: "Aceptaríamos las competencias y, por lo tanto, nos viene bien", aseguró el consejero, subrayando el interés del ejecutivo autonómico en que el traspaso se materialice cuanto antes. Sin embargo, el procedimiento legal, que "exige la convocatoria de una comisión mixta de transferencias y la posterior aprobación de un real decreto por el Consejo de Ministros, permanece estancado en Madrid".
El consejero lamentó que, pese a las solicitudes formales para iniciar el proceso, el Gobierno central no ha dado los pasos necesarios. "Lo que hemos hecho es solicitar la reunión de la comisión mixta de transferencias", detalló, un órgano que debe elevar la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación final. La falta de avances llevó a Sanz Merino a hacer un llamamiento directo: "Aprovecho la oportunidad para reclamar al Gobierno que, por favor, cuanto antes se reúna la comisión mixta de transferencias".
Desde la Junta insisten en que la transferencia de esta competencia no reviste una gran complejidad técnica ni económica, a diferencia de otros traspasos de mayor envergadura como el de la Sanidad. Sanz Merino lo calificó como un asunto principalmente administrativo. "Aquí estamos hablando del traspaso de una competencia en términos, si se me permite la expresión, burocráticos", señaló, sugiriendo que el obstáculo reside en una simple falta de impulso por parte del Ministerio. "Es una cuestión de voluntad política, y si me apuran, casi voluntad burocrática, de remover ese obstáculo", añadió.
Esta parálisis se enmarca, según el consejero, en un contexto de relaciones difíciles con el Ministerio de Transportes. Sanz Merino habló de un "catálogo de desencuentros" que afecta a diversos proyectos en la comunidad, como el mapa de transportes o la supresión de paradas ferroviarias. "Hay una especie de desencuentro permanente con la comunidad de Castilla y León. No sé si tendrá que ver con los responsables del ministerio, pero la realidad, los hechos, al final, lo que ponen de manifiesto es estos desencuentros", lamentó, dejando entrever que el bloqueo del aeródromo de Garray podría ser un episodio más de esta tensa relación institucional.
Ante la falta de avances en el traspaso, tanto la Junta como la Diputación han propuesto una solución pragmática para desatascar, al menos, la ampliación del aeródromo. La alternativa consiste en que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que todavía ostenta la competencia, resuelva el expediente de modificación de la infraestructura de manera inmediata. "Al menos esto resuélvalo", fue la petición directa de Sanz Merino a la agencia estatal, una vía que permitiría avanzar en el proyecto sin esperar a que se complete el cambio de titularidad. Benito Serrano, presidente de la Diputación, reforzó esta idea con contundencia, evidenciando el hartazgo de la provincia. "Transfieran o no transfieran las competencias, ahora mismo, resuelva, y luego haga lo que quieran, transfieran cuando quieran", declaró. Serrano recordó que la solicitud lleva mucho tiempo sobre la mesa y que toda la documentación necesaria parece estar entregada correctamente. "¿Por qué no se resuelve? Pues yo no le puedo contestar", concluyó, apuntando directamente a la responsabilidad de AESA y del Ministerio.
El consejero de Movilidad explicó que la situación actual es anómala, ya que la competencia no puede estar en un terreno indefinido. "Hay en el Ministerio una especie de limbo competencial, que eso no existe, la competencia es irrenunciable, o la tiene uno o la tiene otro", afirmó. Mientras no se publique el real decreto de traspaso, la responsabilidad sigue siendo del Estado. Por ello, la exigencia es doble: o se acelera el traspaso de forma definitiva, siguiendo el modelo que ya se aplicó en comunidades como Aragón, o se da una respuesta inmediata al expediente de Garray, poniendo fin a una espera que Soria considera injustificada y perjudicial para su desarrollo.