La institución provincial alerta del riesgo de perder subvenciones por valor de casi 1,5 millones de euros debido a la falta de avances en la materia.
La Diputación provincial ha exigido hoy al Ayuntamiento de Soria que aclare de forma definitiva su postura sobre el Centro Regional de Tratamiento de Residuos (CTR). La petición se ha producido en la reunión del Consorcio para la Gestión del Servicio de tratamiento y reciclado de Residuos Sólidos Urbanos, celebrada esta mañana a petición urgente de la institución provincial.
El Consorcio del CTR de Soria, presidido por el Ayuntamiento, es el único de toda Castilla y León que no ha firmado el convenio propuesto por la sociedad pública SOMACYL. Dicho acuerdo busca crear un sistema de valorización energética de rechazos que agruparía a las nueve provincias de la comunidad, y cuyo plazo de adhesión finalizó el pasado 31 de marzo.
El vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel Nieto, ha instado al alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien no ha acudido a la reunión, a que explique si respalda la propuesta de SOMACYL o si, por el contrario, ofrece una alternativa en solitario para la provincia.
Uno de los puntos más críticos abordados ha sido la posible pérdida de dos subvenciones que suman un total de 1.494.504,63 euros. De esta cantidad, ya se ha anticipado al CTR un importe de 1.127.230,61 euros para la ejecución de diversas obras.
Desde la dirección general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental se ha solicitado la justificación de las inversiones realizadas durante 2025. Las obras previstas deben estar finalizadas como fecha máxima el 31 de mayo de 2026. Según la Diputación, la presidenta accidental del Consorcio, Ana Alegre, ha reconocido a preguntas de De Miguel Nieto que nada se ha hecho al respecto, lo que pone en peligro la ayuda.
El Consorcio ha acordado encargar a SOMACYL la modernización y gestión del centro de tratamiento de residuos de Golmayo, un proyecto con una inversión prevista de más de 15 millones de euros. El representante de la Diputación ha calificado de contradictorio encargar esta gestión al organismo regional y, al mismo tiempo, quedarse fuera del proyecto común que este impulsa.
José Antonio de Miguel Nieto ha señalado que todo el trabajo para este encargo ha sido realizado por los servicios jurídicos de la Diputación "ante la pasividad del Ayuntamiento", cuyo contrato con la empresa gestora de la planta lleva cinco años caducado.
Otra de las demandas de la institución provincial que no ha sido atendida es la solicitud de las cuentas del CTR desde el año 2005, fecha en la que el Ayuntamiento asumió la presidencia. La petición, registrada por escrito el pasado 7 de julio, incluye tanto las aportaciones ordinarias como las destinadas al sellado del cuarto vaso.
Ante esta situación, la Diputación provincial ha manifestado que está estudiando diversas salidas, que pasan por seguir en el proyecto regional aunque sea en solitario. Además, valora incluir este asunto en el orden del día del próximo Pleno para que sea el máximo órgano de gobierno el que tome una decisión.