El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta en las Cortes una cifra que supone un incremento del 5,14 % respecto a 2025. La propuesta se realiza a pesar de la crítica a la "inacción" del Gobierno de España por no fijar los objetivos de estabilidad.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este miércoles en las Cortes de Castilla y León el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026. Este trámite supone el punto de partida oficial para la elaboración de los próximos presupuestos generales de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha fijado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026 en 14.183,28 millones de euros. Esta cifra, la más alta en la historia de la Comunidad, representa un incremento de 692 millones de euros respecto al presupuesto del año anterior y servirá como base para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad.
Durante su intervención en las Cortes este miércoles, el consejero Carlos Fernández Carriedo ha subrayado que esta propuesta se ha elaborado en un marco de "incertidumbre" provocado por el Gobierno de España. Según ha explicado, el Ejecutivo central todavía no ha fijado el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas ni ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que ha obligado a la Junta a tomar como referencia la cifra de déficit comunicada en julio de 2024, que supone un 0,1 % del PIB regional.
El techo de gasto se sustenta en un escenario macroeconómico que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las previsiones económicas para Castilla y León son moderadamente optimistas, aunque se enmarcan en un contexto internacional "convulso".
Las principales proyecciones son las siguientes:
Fernández Carriedo ha aprovechado su intervención para criticar la gestión del Gobierno central, no solo por la falta de objetivos de estabilidad, sino también por el plan de condonación de deuda autonómica, que ha calificado como "un pago de un precio político por una investidura". En este sentido, ha destacado la prudencia financiera de la Comunidad, que prevé cerrar 2026 con una ratio de deuda sobre el PIB inferior al 18,5 %, 2,2 puntos por debajo de la media autonómica.
El consejero ha insistido en que el principal problema de Castilla y León no es el endeudamiento, sino la "insuficiencia de los recursos transferidos por el Estado". Por ello, ha vuelto a exigir la reforma urgente del modelo de financiación autonómica, cuya vigencia finalizó en 2014, para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos.
La aprobación de este límite de gasto permitirá tramitar unos presupuestos centrados en tres objetivos fundamentales: garantizar servicios públicos de calidad, impulsar el crecimiento económico y el empleo, y reforzar el compromiso con el mundo rural. Entre las novedades que se financiarán con estas cuentas, destacan:
El consejero ha concluido solicitando el apoyo de la Cámara para aprobar el techo de gasto por cuarto año consecutivo en esta legislatura, argumentando que su aprobación "contribuiría a generar estabilidad y confianza" en un contexto de incertidumbre.