El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha presentado un informe que constata el cumplimiento del programa de digitalización de aulas, con una inversión de 49 millones de euros de fondos europeos. A pesar de superar los objetivos en entrega de dispositivos y aulas digitales, el organismo fiscalizador advierte de graves deficiencias, como la exclusión de los centros concertados y problemas en la trazabilidad del gasto que podrían afectar a la justificación de las ayudas.
El programa para la digitalización del sistema educativo en Castilla y León, financiado con 49 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, ha cumplido e incluso superado sus objetivos cuantitativos. Sin embargo, el Consejo de Cuentas ha detectado importantes salvedades en su ejecución, entre las que destacan la exclusión de los centros concertados del reparto de material y deficiencias en la trazabilidad que podrían complicar la justificación final de las ayudas.
Así lo ha expuesto el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha presentado el informe de fiscalización realizado conjuntamente con el Tribunal de Cuentas. El análisis, que abarca hasta el 31 de marzo de 2024, llega en un momento clave, ya que el plazo para la ejecución de las actuaciones finaliza el próximo 31 de diciembre de 2025.
La inversión total se ha distribuido en 40,9 millones para aulas digitales, 7,2 millones para la adquisición de dispositivos para alumnos y 0,9 millones para capacitación y soporte. El informe reconoce que la Consejería de Educación ha logrado un alto grado de cumplimiento, pero plantea una serie de recomendaciones para evitar incidencias en la fase de verificación europea.
Según los datos del informe, Castilla y León ha superado las metas establecidas en dos de las tres actuaciones principales del programa. En la entrega de dispositivos portátiles, el objetivo final era de 14.545 unidades, y la cifra alcanzada ascenderá a 18.269 portátiles, lo que supone una cobertura del 125%.
En cuanto a la dotación de aulas digitales, el objetivo de 11.986 aulas también se ha sobrepasado, llegando a las 13.442 pantallas digitales interactivas instaladas, un 112% del total previsto. No obstante, el área de capacitación docente presenta un cumplimiento menor, ya que a fecha del informe se había formado a personal de 723 centros, lo que representa un 66% del objetivo final de 1.101 centros.
Una de las principales salvedades que destaca el Consejo de Cuentas es la selección de centros beneficiarios. El informe constata que la Consejería de Educación realizó una selección restrictiva al contemplar solo a los centros públicos para el reparto de equipamiento, dejando fuera a los 214 centros privados concertados de la comunidad en la asignación de portátiles.
Del mismo modo, la totalidad de los equipamientos para Aulas Digitales Interactivas se asignó a centros públicos, sin aplicar la opción de dotar a los 8 centros concertados reconocidos como PROA (con un 30% de alumnado vulnerable). Paradójicamente, el informe advierte de que se asignaron dispositivos y se impartió formación a centros no previstos en el programa, como 36 escuelas de educación infantil de titularidad autonómica.
El Consejo de Cuentas pone el foco en la falta de una pista de auditoría suficiente para parte del gasto, lo que podría generar inconvenientes en el proceso de justificación ante la Unión Europea. En concreto, se identificaron seis contratos de adquisición de ordenadores de sobremesa y monitores cuyo gasto no puede vincularse de manera adecuada con las aulas digitales constituidas.
Además, el informe señala que la plataforma de seguimiento CoFFEE, habilitada para gestionar los fondos, se ha utilizado más como un repositorio de información que como una herramienta de gestión para el cumplimiento de hitos. También se advierte de que no es posible diferenciar las aulas de nueva creación de aquellas que solo han repuesto equipamiento.
Ante estas conclusiones, el Consejo de Cuentas ha emitido siete recomendaciones dirigidas a la Consejería de Educación para subsanar las deficiencias antes de la fecha límite. Entre las sugerencias destacan: