Este lunes se ha presentado una demanda conjunta, en la que participa Soria Noticias, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La ley, que el Consejo Consultivo considera que puede ser inconstitucional, compromete la viabilidad de los medios de comunicación más pequeños de la comunidad. Salió adelante con el apoyo de Vox y PSOE. Ni los socialistas ni el PP parecen querer solucionar el problema, mientras Vox siempre ha hecho del ataque a los medios una de sus banderas.
La política hace extraños compañeros de cama y los parlamentos con gobiernos en minoría en ocasiones aprueban cosas sin sentido solo para atacar al ejecutivo de turno. Es lo que ha pasado en Castilla y León con motivo de la Ley de Publicidad Institucional, aprobada con el apoyo del PSOE y Vox con el objetivo de molestar al PP. El problema es que, por el camino, la nueva legislación supone un ataque directo a la libertad de prensa, la libre concurrencia de contratos con la administración pública y, como consecuencia última, pone en riesgo la propia viabilidad de decenas de medios, especialmente aquellos independientes que no dependen de grandes grupos.
25 de esos medios se han unido para reclamar judicialmente la paralización de la aplicación de una ley que, además de injusta, es posible que sea inconstitucional. Sorianoticias es uno de esos 25 medios. Una reclamación judicial registrada este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicita ya la aplicación de medidas cautelares.
La demanda conjunta supone un hito en el sector de los medios de comunicación, poniendo de acuerdo a cabeceras y empresas que normalmente son competencia en sus territorios. La demanda incluye a editoras de las 9 provincias, con diferentes tamaños y enfoques tanto periodísticos como empresariales.
El propio Consejo Consultivo de Castilla y León ya advirtió de la posible inconstitucionalidad de la nueva ley y el Colegio de Periodistas de Castilla y León ha urgido a los partidos políticos a modificar esa ley que fue aprobada sin consultar con el sector. A pesar de la unanimidad en el sector afectado, los partidos políticos de Castilla y León no parecen tener intención de modificar la ley, poniendo en duda la viabilidad de decenas de empresas de comunicación de Castilla y León.
Hay que recordar que la propuesta salió adelante el pasado mes de julio con los votos claves del Partido Socialista y de Vox a los que se sumaron los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Tampoco el Partido Popular, que gobierna en la Junta de Castilla y León, parece tener una hoja de ruta para solucionar esta situación.
Hace apenas unas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León emitió un dictamen en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de cinco artículos de la norma. Según ese dictamen, la ley autonómica colisiona claramente con la normativa básica estatal ya que:
El dictamen del Consejo Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. La introducción de vetos a la contratación con medios condenados con sentencia firme —no contemplados en la normativa estatal— supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica.
Además, el límite del 33% de los ingresos que un medio puede percibir a través de contratos de publicidad institucional sobre su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio, vulnerando también la ley estatal de contratos con la administración pública.