La Junta presenta un nuevo modelo de inspección ambiental que entrará en vigor en 2026. El sistema introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades privadas que colaborarán en la vigilancia de actividades potencialmente contaminadoras, aunque la administración mantendrá la supervisión final.
La Junta de Castilla y León establece un nuevo sistema de vigilancia para las actividades potencialmente contaminadoras que entrará en vigor en 2026. El modelo introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades privadas que colaborarán con la administración en las labores de inspección.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha presentado esta semana el nuevo marco normativo en unas jornadas técnicas. El encuentro, inaugurado por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha reunido a un amplio número de profesionales de los sectores industrial y ganadero, así como a gestores de residuos y otras entidades del ámbito ambiental.
El objetivo de la nueva regulación es reforzar la protección del medio ambiente a través de un sistema más ágil, transparente y eficiente. Con este decreto, se regula el régimen de vigilancia, inspección y control de las instalaciones que operan en la Comunidad.
A partir de 2026, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental determinará qué instalaciones deben ser inspeccionadas y con qué frecuencia, basándose en su riesgo ambiental. Los titulares de dichas instalaciones serán notificados con al menos cuatro meses de antelación y tendrán la obligación de contratar a uno de los Organismos de Control Ambiental Acreditado (OCAA) habilitados por la Junta.
Estos organismos actuarán en nombre de la administración autonómica, por lo que las empresas deberán facilitarles el acceso a sus instalaciones y toda la documentación necesaria. Durante la visita, deberá estar presente una persona que conozca el funcionamiento y la gestión ambiental de la actividad.
Aunque los OCAA realicen las actuaciones materiales, la responsabilidad última de la supervisión seguirá siendo de la administración pública. Según han explicado desde la Junta, el Gobierno autonómico se encargará de la planificación, la emisión del informe final y la exigencia de medidas correctoras.
Asimismo, será la administración la responsable de la posible apertura de expedientes sancionadores y de la publicación de los resultados para garantizar la transparencia. Los titulares que no estén de acuerdo con el informe emitido por el OCAA podrán presentar sus alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.
Según la Junta, este nuevo modelo avanza en la simplificación administrativa y fomenta la corresponsabilidad de los agentes económicos. También busca reducir los costes públicos y aplicar el principio de «quien contamina paga». Con esta normativa, Castilla y León se sitúa entre las comunidades más avanzadas en gestión ambiental.
Actualmente, la Comunidad ocupa el tercer lugar nacional en número de instalaciones sujetas a autorización ambiental y la segunda en relación con su población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.
Durante las jornadas, también se recordaron otros programas impulsados por la Junta, como el Pacto por la Economía Circular, que busca implicar al tejido productivo en la transición hacia un modelo más sostenible. También se mencionó el programa Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia, que conecta a empresas comprometidas con centros de Formación Profesional.