Un estudio del Consejo de la Juventud de Castilla y León revela que el nuevo decreto que regula las Escuelas de Tiempo Libre está generando graves dificultades para el sector. Nueve de cada diez centros denuncian un exceso de burocracia, falta de apoyo institucional y un sistema que favorece al ámbito empresarial, provocando una caída en la demanda de alumnos.
Un nuevo estudio del Consejo de la Juventud de Castilla y León pone de manifiesto las serias dificultades que atraviesan las Escuelas de Tiempo Libre de la comunidad. A pesar de su esfuerzo por adaptarse al nuevo decreto, nueve de cada diez centros denuncian un exceso de burocracia y una falta de apoyo institucional que amenaza su modelo educativo.
El análisis ha sido presentado este miércoles, 5 de noviembre, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León. El informe, que ha contado con la colaboración de 20 escuelas de toda la región, radiografía la situación del sector tras la aprobación del Decreto 21/2023, de 19 de octubre, que regula su funcionamiento.
Estos centros, que durante más de cuarenta años han sido la primera experiencia educativa y de compromiso social para miles de jóvenes, se enfrentan ahora a un escenario complejo. Sandra Ámez Sáez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ha subrayado que el documento es “una llamada a impulsar cambios futuros” para sostener una red basada en gran medida en el tejido asociativo y el voluntariado, ya que el 85 % de las escuelas son de carácter privado sin ánimo de lucro.
Aunque el estudio revela un alto grado de compromiso, con un 70 % de las escuelas ya adaptadas a la nueva normativa y un 20 % en proceso, el esfuerzo ha estado lleno de obstáculos. Nueve de cada diez centros reportan problemas significativos, entre los que destacan el exceso de burocracia, la falta de claridad normativa y una comunicación insuficiente con la administración.
Esta percepción se agrava con la sensación de abandono institucional. El 35 % de las escuelas considera escaso el apoyo recibido por parte de la administración, cuya valoración media apenas alcanza un cinco sobre diez. A esto se suma la rigidez en los requisitos del profesorado, ya que el decreto exige titulaciones oficiales de la Junta cuyo coste y oferta formativa limitan su acceso.
Una de las críticas más contundentes del sector se dirige al proceso de adaptación al sistema de Certificados de Profesionalidad. El 75 % de las escuelas lo considera injusto, argumentando que no se reconoce la experiencia previa del voluntariado y se favorece a las empresas, que sí pueden asumir los nuevos costes y exigencias.
Según el informe, esta situación “supone un alejamiento del espíritu educativo y voluntario que caracteriza a las Escuelas de Tiempo Libre”. Por ello, los centros rechazan tener que pasar por un proceso adicional de acreditación y reclaman un reconocimiento automático o un procedimiento ágil y gratuito, denunciando que la norma parece diseñada desde una perspectiva administrativa ajena a la realidad de la educación no formal.
Las nuevas exigencias también han tenido un impacto directo en los alumnos y en la propia oferta formativa. El decreto ha provocado un cambio en el perfil del estudiante, que ahora llega con menos experiencia previa y con el único objetivo de obtener una titulación, sin una motivación vocacional.
Además, la viabilidad de los cursos se ha visto comprometida, según declara el 45 % de las escuelas. La pérdida del componente vivencial de la formación ha desmotivado al alumnado, lo que ha provocado una caída de la demanda en casi la mitad de los centros desde la implantación de la nueva normativa.
Para revertir esta situación, el informe del Consejo de la Juventud plantea una serie de medidas urgentes. Entre ellas, se propone una adaptación normativa más justa que incluya subvenciones autonómicas estables y un sistema de becas para garantizar la igualdad de oportunidades.
Otras propuestas clave son: