El consejero de Vivienda de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con los vecinos de la urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), para abordar la problemática de la ocupación ilegal que afecta a la zona desde 2022. La Junta ha mostrado su apoyo a los residentes y ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno central, a la que acusa de amparar estas situaciones.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido un encuentro con representantes de los vecinos de la urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La reunión ha servido para analizar la situación derivada de la ocupación ilegal de viviendas que afecta a esta área residencial desde el año 2022.
Acompañado por la directora general de Vivienda, María Pardo, el consejero ha expresado la preocupación del Gobierno autonómico por las graves consecuencias que esta problemática genera en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los residentes. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto el deterioro urbano y económico que sufre el entorno desde hace más de tres años.
Suárez-Quiñones ha subrayado que la Junta “está del lado de los vecinos y de la legalidad” y ha manifestado la voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para encontrar soluciones efectivas que garanticen el respeto a la propiedad privada.
Los vecinos han trasladado a los responsables autonómicos su malestar por la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb. Han descrito problemas de inseguridad, la degradación de espacios comunes y la pérdida de valor patrimonial de sus inmuebles.
Asimismo, han destacado la falta de respuesta por parte del Gobierno de España y de la propia Sareb, entidad participada mayoritariamente por el Ejecutivo central. Según los afectados, la Sareb ha incurrido en el impago de los gastos de comunidad y no ha actuado para poner fin a la situación, reclamando procesos judiciales más ágiles y medidas que eviten nuevas ocupaciones.
El consejero ha reiterado el compromiso de la Junta de apoyar reformas legislativas que permitan una actuación más rápida contra las ocupaciones. En este sentido, ha criticado los cambios normativos del Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, que, en su opinión, "amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad".
Suárez-Quiñones ha afirmado que “la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia” y ha apostado por una acción conjunta de las administraciones para restablecer la seguridad y la convivencia en zonas afectadas como Arroyovereda.
Para actuar ante estos casos, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana que ofrece oficinas de información y asesoramiento antiocupación en todas las provincias. Estos puntos de atención facilitan apoyo jurídico sobre prevención y tramitación de casos.
El servicio se presta de forma presencial y telemática a través del teléfono 012 o de las páginas web de las Cámaras. Según datos de octubre de 2025, estas oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 telemáticas, lo que refleja la creciente demanda de asistencia en esta materia en la comunidad.