El Colegio de Periodistas de Castilla y León advierte de una pérdida de pluralidad y recuerdan que 25 medios han recurrido la norma ante el TSJ por inconstitucionalidad.
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León lamenta la pérdida de empleos en el sector tras la aplicación de la reciente normativa autonómica. La institución advierte de que la situación empeorará si no se modifica el texto o si la justicia no aplica las medidas cautelares reclamadas por 25 medios de comunicación ante el Tribunal Superior de Justicia.
La organización colegial ha expresado su profunda preocupación ante los hechos consumados que ya afectan a las redacciones de la comunidad. Según han trasladado, los despidos son una consecuencia directa de la entrada en vigor de la nueva Ley de Publicidad Institucional, un escenario que, a su juicio, amenaza con agravarse en las próximas fechas si no se produce una rectificación legislativa o una intervención judicial inmediata.
La normativa, que ha generado una fuerte controversia en el sector, se encuentra actualmente recurrida. Un total de 25 cabeceras y empresas periodísticas han elevado una reclamación al Tribunal Superior de Justicia al considerar que el texto contraviene la Constitución, solicitando medidas cautelares para frenar sus efectos más nocivos sobre el tejido empresarial y laboral de la información en la región.
El decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo, ha recordado que la situación actual no es una sorpresa, sino el cumplimiento de los peores pronósticos que ya fueron trasladados a los legisladores. "Antes de que se aprobara esta ley, tanto nuestro Colegio como los representantes de los medios de comunicación alertamos a los grupos políticos de las consecuencias negativas que conllevaría su aprobación si no se acometían una serie de cambios en su articulado", ha indicado Lechuga.
Para el representante de los periodistas, esta petición fue ignorada durante la tramitación parlamentaria. Cabe recordar que la ley salió adelante con los votos a favor del PSOE, Vox y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el exvicepresidente de la Junta, ahora en el Francisco Igea. El resultado, según el decano, es la confirmación del daño laboral: "Ahora ha provocado los primeros despidos de periodistas, lo que además de la pérdida de puestos de trabajo acarrea una disminución de la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma".
Más allá de las consecuencias laborales, el Colegio ha puesto el foco en las debilidades jurídicas del texto, apoyándose en el dictamen emitido en su momento por el Consejo Consultivo. Este órgano ya recogió que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado. En este sentido, la introducción de vetos a la contratación con medios condenados mediante sentencia firme podría suponer una invasión competencial con riesgo de nulidad jurídica.
Asimismo, el informe del Consultivo señala otras irregularidades técnicas que afectan a la viabilidad económica de los medios. En concreto, apunta que limitar al 33% de su facturación anual la cantidad que un medio puede recibir por publicidad institucional carece de respaldo en la legislación básica estatal. Tal y como ha explicado el Colegio basándose en dicho dictamen, este procedimiento se considera "arbitrario" y contrario a la libre concurrencia de los medios a las campañas institucionales.
Finalmente, la entidad colegial subraya que estas restricciones vulneran el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. Además, se señala otra posible invasión de competencias exclusivas del Estado en lo referente a la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica, completando un cuadro de inseguridad jurídica que mantiene en vilo al sector periodístico de Castilla y León.