Los hechos, averiguados por el SEPRONA, se produjeron durante el verano. Los felinos sufrieron lesiones de consideración.
La Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha puesto a disposición judicial a dos vecinos de Ágreda, de 30 y 21 años, como presuntos autores de un delito continuado de maltrato animal. Las diligencias se enmarcan dentro de la denominada operación BASTIS, iniciada tras las denuncias vecinales sobre la aparición de felinos heridos en el municipio.
Los hechos se remontan a julio y agosto de este año, cuando varios vecinos alertaron sobre el hallazgo de dos gatos con lesiones visibles. Tras el traslado de los felinos a una clínica veterinaria, las pruebas diagnósticas y radiografías confirmaron las sospechas: los animales presentaban diversas fracturas óseas y balines alojados en el interior de sus cuerpos, compatibles con la munición utilizada por carabinas de aire comprimido.
La investigación llevada a cabo por el SEPRONA ha permitido reconstruir el modus operandi de los acusados. Según se desprende de las pesquisas, durante varias jornadas del verano, estas dos personas recorrieron varias calles del casco urbano de la localidad portando la carabina y disparando contra los animales que encontraban a su paso.
El informe veterinario ha revelado la gravedad de las lesiones infligidas. Uno de los casos una de las víctimas era una gata en estado de gestación. La gravedad de las heridas, que incluían una rotura de cadera provocada por el impacto del proyectil, puso en serio riesgo la vida del animal. Los facultativos se vieron obligados a proceder al aborto mediante una intervención de urgencia, dado que las lesiones óseas hacían inviable el parto y hubieran provocado la muerte de la gata.
Además de las diligencias penales por el delito contra los animales, se ha interpuesto una denuncia administrativa ante la Subdelegación del Gobierno en Soria. Los investigados han infringido la normativa sobre seguridad ciudadana al portar y disparar un arma en una zona no autorizada, como es la vía pública de un núcleo urbano.
Cabe recordar que, tras la modificación del Código Penal en 2023, este tipo de delitos conlleva penas de prisión que oscilan entre los tres y los dieciocho meses, o multas de seis a doce meses, además de la inhabilitación especial para cualquier oficio o comercio relacionado con animales. La Benemérita ha querido destacar la importancia de la colaboración ciudadana, fundamental para el esclarecimiento de estos hechos, y recuerda la disponibilidad de la aplicación AlertCops y el teléfono 062 para comunicar cualquier actividad ilícita.