Las Cortes de Castilla y León rechazan el Decreto-Ley de incendios, paralizando mejoras laborales para 2.200 trabajadores y una inversión de 20 millones. La Junta advierte que la decisión bloquea la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales y la profesionalización del operativo.
Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles la convalidación del Decreto-Ley 1/2025, una decisión que paraliza la aplicación de medidas urgentes en materia de incendios forestales. Según ha informado la Consejería de la Presidencia, este bloqueo legislativo impide la modernización del dispositivo público y deja en el aire mejoras laborales pactadas que afectaban directamente a 2.200 puestos de trabajo en la Comunidad.
El decaimiento de la norma supone la suspensión de una inversión prevista de 20 millones de euros destinada a reforzar la estructura del operativo. Entre las consecuencias inmediatas detalladas por el Ejecutivo autonómico, destaca la imposibilidad de otorgar la fijeza durante todo el año a los puestos de personal fijo discontinuo. Asimismo, queda frenada la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y la aplicación de los complementos retributivos asociados que se estaban negociando en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs).
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha valorado con preocupación el resultado de la votación parlamentaria. «La no convalidación del Decreto-Ley afecta no solo a las condiciones laborales de los profesionales del operativo, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural», ha señalado el consejero, advirtiendo que «cada una de las partes implicadas deberá asumir las responsabilidades que le correspondan en este escenario».
La Junta defiende que el texto rechazado era fundamental para dar cumplimiento a dos leyes básicas estatales aprobadas en 2024: la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales y la Ley de Bomberos Forestales. Con esta decisión, se detiene la implantación progresiva de un operativo 100 % público y el reconocimiento oficial de la categoría de bombero forestal, lo que impide a los empleados públicos acceder a los beneficios salariales y sociales vinculados a dicha cualificación.
A pesar del rechazo en la Cámara, el Gobierno autonómico ha reiterado su compromiso con un modelo profesionalizado y moderno para la extinción de incendios. Sin embargo, desde la Consejería admiten que las medidas que requerían rango de ley quedan ahora sin un horizonte de aplicación definido, a la espera de encontrar un marco normativo adecuado y los apoyos parlamentarios necesarios para poder retomarlas en el futuro.