La administración autonómica subvencionará los alquileres a todos aquellos que paguen por su casa un máximo de 550 euros al mes en la capital y 500 en la provincia. La directora general de Vivienda reconoce que estas ayudas "tributan en renta, aunque hemos pedido que no lo hagan".
La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha presentado en Soria la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, que se puede solicitar desde ayer, 1 de diciembre. Con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ampliable hasta los 59,5 millones, el Gobierno regional ha garantizado que se cubrirá la totalidad de las solicitudes que cumplan los requisitos, convirtiendo la ayuda en "prácticamente un derecho subjetivo".
Pardo ha detallado las claves de una convocatoria que el año pasado benefició a 21.000 familias en la comunidad y 621 en Soria, con una subvención media de 2.331 euros. La directora general ha subrayado que el objetivo es "apoyar a las personas con escasos recursos para afrontar el pago mensual de su vivienda", una de las políticas pilares de la Junta en materia de vivienda. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de enero.
Pardo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, diferenciando estas ayudas del bono joven. "No necesitan agolparse", ha explicado, ya que las solicitudes no se otorgan por orden de llegada. Durante todo el periodo, los interesados podrán presentar su documentación sin prisas, con la seguridad de que si cumplen las condiciones, recibirán la subvención.
Las ayudas están dirigidas a personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento o cesión de uso de una vivienda o habitación. La vivienda debe constituir su residencia habitual y permanente. Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos económicos y de renta para poder acceder a la subvención.
Los ingresos de la unidad de convivencia deben situarse en una horquilla específica. Como mínimo, han de ser superiores a 0,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a 4.200 euros anuales. El límite máximo general se ha fijado en 3 veces el IPREM, es decir, 25.200 euros. "Esta política va destinada a un sector de la población vulnerable, y que, por tanto, lo necesita especialmente", ha afirmado Pardo.
Estos límites de ingresos se amplían para colectivos con necesidades especiales:
La convocatoria también establece unos precios máximos para el alquiler de la vivienda o habitación. En el caso de la provincia de Soria, los límites son los siguientes:
La cuantía de la ayuda varía según el perfil del solicitante. Con carácter general, la subvención cubre el 50% de la renta anual. Sin embargo, este porcentaje aumenta para los jóvenes, uno de los colectivos prioritarios para la Junta. Los jóvenes que residan en el ámbito urbano recibirán el 60% del alquiler, mientras que para aquellos que vivan en el mundo rural, la ayuda asciende al 75% del total. Este mismo porcentaje se aplica a familias que hayan devenido vulnerables de forma sobrevenida.
María Pardo ha destacado el esfuerzo de la administración para reducir la burocracia. Si el solicitante autoriza a la Junta a consultar sus datos, solo deberá presentar dos documentos: el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago de las mensualidades. La directora general ha insistido en la importancia de que los justificantes no sean manuales ni presenten tachaduras para agilizar el proceso.
Una vez finalizado el plazo de solicitud el 30 de enero, la Junta dispone de seis meses para resolver. Pardo ha adelantado que la previsión es tener la convocatoria resuelta y efectuar el pago único por transferencia bancaria durante la última quincena de julio. "Calculamos que este año superaremos las 35.000 solicitudes y probablemente superaremos los 23.000 beneficiarios", ha señalado.
Preguntada por si el límite de 550 euros es realista en Soria capital, Pardo ha defendido la medida argumentando que el año pasado 21.000 familias en la comunidad encontraron alquileres dentro de esos márgenes. El objetivo, ha dicho, es incentivar a los propietarios a ofrecer un "alquiler bastante asequible" a cambio de la "garantía de que lo va a cobrar durante 12 meses".
En este sentido, ha sido tajante al rechazar la declaración de "zonas tensionadas" y el tope de precios. "El régimen de las zonas tensionadas no es una opción que vaya a poner en marcha la junta de Castilla y León. Mientras esos datos no cambien, lo que no vamos a hacer es perjudicar más al mercado", ha sentenciado. Pardo ha citado informes que indican que esta política ha reducido la oferta de vivienda en un 67% en ciudades como Barcelona, y ha defendido que es la administración pública, y no el propietario, quien debe atender a las personas vulnerables.