La Junta de Castilla y León resuelve la convocatoria de ayudas al retorno con un presupuesto final que supera el millón de euros tras una ampliación de crédito. Un total de 290 ciudadanos recibirán subvenciones de entre 2.500 y 4.800 euros para facilitar su regreso a la Comunidad.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado en su edición de este viernes, 5 de diciembre, la resolución definitiva de la convocatoria del programa de ayudas conocido como Pasaporte de vuelta. Se trata de unos apoyos impulsados por la Consejería de la Presidencia para facilitar el retorno de los ciudadanos oriundos o procedentes de la Comunidad que residen en el extranjero o en otras regiones españolas.
La orden, firmada por el consejero Luis Miguel González Gago, pone fin a un procedimiento administrativo que ha requerido una notable ampliación presupuestaria para atender la demanda existente, dando cumplimiento al compromiso institucional con quienes desean regresar a su tierra.
La resolución final da el visto bueno la concesión de ayudas a un total de 290 beneficiarios, divididos en dos líneas de actuación, diferenciadas según el perfil y la procedencia de los interesados. Para hacer frente a estos apoyos, fue consigado inicialmente un total 520.000 euros que se procedió a incrementar el crédito en más de 488.000, alcanzando una cifra global disponible de 1.008.600 euros. Ello ha permitido dar cobertura a un mayor número de expedientes que cumplían con los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
Según se desprende del desglose de las partidas, la denominada Línea I ha beneficiado a 53 personas, con un importe total concedido de 173.000 euros. Por su parte, la Línea II, que aglutina el grueso de las solicitudes aprobadas, ha repartido 815.600 euros entre 237 beneficiarios. Las cuantías individuales varían en función de las circunstancias particulares de cada solicitante, oscilando generalmente entre los 2.500 y los 4.800 euros, unas cifras destinadas a sufragar los gastos derivados del traslado y la reinstalación en el territorio de la Comunidad, apoyando así los primeros pasos de este proceso de retorno.
Decir, por otro lado, que el proceso administrativo también ha conllevado la denegación de numerosas solicitudes, tal y como recogen los anexos publicados en el Bocyl. Las causas de exclusión son variadas, si bien destaca un número considerable de expedientes desestimados por superar los límites de ingresos establecidos en la convocatoria, un criterio excluyente que ha dejado fuera a decenas de aspirantes tanto en la Línea I como en la Línea II. Asimismo, otros motivos recurrentes para la denegación han sido la falta de acreditación del retorno efectivo en los plazos marcados, no estar al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o no haber podido demostrar la condición de oriundo o procedente de Castilla y León.
A estas denegaciones se suman los desistimientos, que afectan a aquellos interesados que, tras ser requeridos para subsanar documentación o completar sus expedientes, no han contestado en tiempo y forma a la Administración. La publicación de esta orden pone fin a la vía administrativa, abriendo ahora los plazos legales para la interposición de recursos. Los interesados que no estén conformes con la resolución disponen de un mes para presentar recurso de reposición ante el propio consejero de la Presidencia, o bien de dos meses para acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.