El pleno de la Diputación elimina la fecha límite del 1 de diciembre para la adjudicación de obras de los Planes Provinciales ante la falta de técnicos. Asimismo, se aprueban mociones para exigir mejoras en la red eléctrica y el desdoblamiento de la CL-101.
La realidad administrativa de los pequeños municipios de la provincia ha sido uno de los puntos debatidos esta mañana en el Palacio Provincial durante la celebración del pleno ordinario de diciembre. El tramitar sus expedientes de obra es lo que que ha llevado a la corporación a aprobar por unanimidad la modificación de las bases de la convocatoria de Planes Provinciales 2025-2026. A tal fin ha sido ha sido alterada la fecha límite que obligaba a acreditar la adjudicación de los trabajos antes del 1 de diciembre de 2025.
Un acuerdo que ha venido dado por las complicaciones que, según han transmitodo los alcaldes a la Diputación, derivan en la escasez de técnicos para elaborar los proyectos y en la falta de empresas constructoras que puedan asumir las obras en los tiempos estipulados. Este hecho ponía en riesgo la ejecución de servicios básicos por lo, los diputados han acordado suprimir el plazo fijado, que ahora se flexibiliza, estableciendo que los ayuntamientos deberán remitir el certificado de adjudicación a la institución provincial a la mayor brevedad posible, evitando así el compás que imponen los trámites impida el desarrollo de las actuaciones locales.
El debate plenario ha aborado también tres mociones sobre las carencias de infraestructuras de la provincia, tanto en materia energética como viaria. En el primer bloque, el pleno ha debatido una propuesta de Vox, que ha incorporado una enmienda de sustitución del Partido Popular, relativa a la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2026-2030. La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de populares y de Vox, pero con el voto en contra del Partido Socialista, instaba al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica de España a priorizar actuaciones en Soria.
El texto aprobado solicita una reserva de capacidad firme de transmisión de 1.500 GWh y la creación de un panel de seguimiento trimestral, bajo el argumento de garantizar el suministro para favorecer la llegada de industrias y, con ello, frenar la carencia poblacional. Asimismo, se reclama la modernización urgente de subestaciones para aumentar la potencia en los polígonos industriales y permitir que una mayor proporción de la energía renovable producida en la provincia pueda ser distribuida localmente.
En el capítulo de infraestructuras viarias, el Partido Socialista ha logrado sacar adelante una moción para la mejora de carreteras, aunque la votación se ha realizado por puntos a petición del Partido Popular. El aspecto más destacado ha sido la exigencia a la Junta de Castilla y León para que inicie los trámites de redacción y aprobación del proyecto de desdoblamiento de la carretera CL-101 en el tramo que une Ágreda con Almazán. Este punto ha contado con el respaldo de los socialistas y de Vox, mientras que el Partido Popular ha optado por la abstención.
Sí que han alzado su mano de manera favorable todos los diputados en la petición al gobierno regional para licitar y redactar los proyectos de ensanche y refuerzo del firme de las carreteras SO-152, SO-154, SO-910 y SO-110, todas ellas integrantes de la red autonómica. Así, será elevada la exigencia para conseguir de la Junta un compromiso formal que incluya partidas presupuestarias suficientes en las próximas cuentas regionales para ejecutar estas obras una vez redactados los proyectos.
Finalmente, el consenso volvía para la última moción presentada por el PSOE, relativa a la compensación viaria, si bien ha sido aceptada una enmienda del Partido Popular. El acuerdo reclamaba al Ejecutivo regional una auditoría técnica inmediata de las vías autonómicas y la creación de una Mesa de Compensación Viaria para corregir el desequilibrio que sufre la Diputación en el mantenimiento de los más de 1.800 kilómetros de carreteras de su titularidad. A propuesta de los populares, el texto final incluye también instar al Gobierno de España a dotar a los Presupuestos Generales del Estado de un suelo mínimo de financiación de 150 millones de euros destinado a todas las diputaciones del país, con el fin de garantizar el mantenimiento óptimo de sus redes viarias.