La oposición municipal presenta un recurso alegando falta de competencia de la Junta de Gobierno y conflictos de interés. Adviernten los populares que la operación, valorada en 28,2 millones de euros, provocará una subida del 35 % en los recibos de los vecinos.
El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almazán ha dado un paso más en su oposición al cambio de modelo de gestión del servicio de aguas y ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. La formación, liderada por José Antonio de Miguel Nieto, considera que el proceso de privatización impulsado por el equipo de gobierno socialista está viciado de nulidad y advierte de que, si la vía administrativa no prospera, acudirán directamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En lo que son los motivos jurídicos y económicos que sustentan su rechazo, el argumento principal se centra en la competencia del órgano que aprobó la licitación. Según José Antonio de Miguel Nieto, una decisión de tal calado, que compromete las arcas municipales por 25 años y por un montante global de 28,2 millones de euros, no puede ser aprobada en Junta de Gobierno, sino que requiere el respaldo de la mayoría absoluta del pleno municipal.
Más allá de la forma, el PP ha denunciado lo que califica como un "cúmulo de irregularidades" en el fondo del expediente. El portavoz ha puesto el foco en un presunto conflicto de intereses en la mesa de contratación. Según ha explicado, la misma empresa que redactó la memoria y los pliegos técnicos mediante un contrato menor de 15.000 euros ha colocado a tres de sus técnicos como miembros del órgano encargado de valorar las ofertas, una situación que los populares tildan de "del todo punto ilegal".
En el plano económico, la oposición ha alertado sobre las consecuencias directas que esta privatización tendrá para los bolsillos de los adnamantinos. Las estimaciones del PP, basadas en la memoria del proyecto, apuntan a un encarecimiento del recibo del agua superior al 35 % en los primeros cinco años de gestión privada. De Miguel ha cuestionado la necesidad de esta medida, defendiendo que el servicio actual, de gestión pública directa, "funciona perfectamente" y sin quejas vecinales tras ser rescatado por la corporación hace trece años.
El recurso presentado también señala deficiencias en el capítulo de inversiones. Aunque el pliego contempla 2,2 millones de euros para infraestructuras hidráulicas, los populares critican que se han ignorado las partidas previstas en el PERTE del agua, unas inversiones que tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación de Soria tienen previsto abordar en los próximos meses y que no aparecen reflejadas en la planificación del equipo de gobierno de Jesús Cedazo.
Para finalizar, el portavoz popular ha cargado políticamente contra la incoherencia que, a su juicio, demuestra el PSOE. De Miguel ha manifestado no entender cómo el partido de Carlos Martínez Mínguez, que se erige como "gran defensor de los servicios públicos", avala esta operación en Almazán. El PP ha solicitado la inmediata suspensión del acuerdo por considerarlo "ilícito y nulo de pleno derecho", reiterando que la privatización se está intentando llevar a cabo "de tapadillo" y basándose en una memoria que, aseguran, contiene falsedades sobre la calidad actual del servicio.