Se trata de una plataforma que conecta a 4.000 profesionales para agilizar los Servicios Sociales. El sistema incluye un 'Portal del ciudadano' para que los usuarios consulten sus expedientes y se enmarca en una inversión récord de 750 millones de euros.
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha inaugurado esta mañana una nueva etapa en la gestión de los recursos asistenciales de la Comunidad con la puesta de largo de la Historia Social Única. Se trata de una herramienta tecnológica de gran calado que, según ha explicado durante la jornada 'Ecosistema digital para la atención integrada en los Servicios Sociales', viene a transformar la relación entre la administración y el usuario, interconectando más de 50 bases de datos distintas. Este avance permite que la información fluya de manera inmediata entre los 190 Centros de Acción Social (CEAS), las nueve gerencias territoriales y los servicios centrales, dibujando un mapa preciso y actualizado de las necesidades sociales de Castilla y León.
El proyecto, que se perfila como el buque insignia de la modernización administrativa en esta legislatura, no solo facilita la labor de los más de 4.000 profesionales que operan en el sistema, sino que abre una ventana directa al ciudadano. A través del nuevo 'Portal del ciudadano', cualquier persona podrá consultar su propio expediente de forma privada, acceder a sus datos históricos y realizar búsquedas generales, un ejercicio de transparencia que elimina la opacidad y el papel en la tramitación de ayudas y servicios. La magnitud de los datos que ahora se integran es ingente, toda vez que solo durante el año 2024 se gestionaron más de 1,6 millones de prestaciones activas y se atendió a más de 126.000 ciudadanos en situación de dependencia.
Isabel Blanco ha querido destacar que este logro tecnológico se sustenta en una colaboración estrecha con las entidades locales, diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que actúan como la verdadera puerta de entrada al sistema. Esta cooperación se enmarca en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, cuya financiación ha alcanzado cifras históricas con casi 750 millones de euros para un periodo de cuatro años. De hecho, para el próximo ejercicio se contemplan 189 millones, lo que supone un incremento de casi el 40 % respecto al inicio de la legislatura, permitiendo reforzar servicios esenciales como la ayuda a domicilio o la atención a la dependencia.
La implementación de sistemas como 'Catdiss' o 'Repriss' ya había avanzado en la automatización de flujos de información, pero la Historia Social Única supone el paso definitivo hacia la integración total. De este modo, se evitan duplicidades y se agilizan los tiempos de respuesta, permitiendo que los trabajadores sociales puedan dar continuidad a las necesidades de los ciudadanos a lo largo de toda su vida de una manera organizada. Además, la Consejería trabaja ya para que esta plataforma integre en el futuro las actuaciones de las entidades del Tercer Sector, piezas clave en la red de protección a las familias.
Esta digitalización es solo una de las aristas del Pacto por las Familias de Castilla y León, firmado a principios de año, y cuyo seguimiento se ha evaluado recientemente en una reunión en Valladolid. En dicho encuentro, donde participaron diversas consejerías y entidades como Unicef o Proyecto Hombre, se puso el foco en la problemática de la vivienda, especialmente en lo que respecta a la emancipación juvenil. El Ejecutivo autonómico ha concedido ayudas al alquiler por valor de 48,9 millones de euros, de los cuales una partida significativa de 17 millones ha ido a parar a los jóvenes de la Comunidad.
Las cifras revelan que, de los más de 21.000 beneficiarios totales de estas ayudas, 6.280 son menores de 36 años. Estas subvenciones cubren de media la mitad de la mensualidad, pero el porcentaje asciende hasta el 75 % en el caso de jóvenes que residen en el medio rural, una medida que busca fijar población en los pueblos y facilitar el acceso a un hogar. Asimismo, se ha reforzado el apoyo a los colectivos más vulnerables, incrementando un 13 % el presupuesto destinado a las personas sin hogar y un 55 % los recursos para el alojamiento de personas migrantes.
Por último, el balance de las actuaciones incluye una inversión de 111 millones de euros distribuidos en 20 líneas de ayuda para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión. El objetivo final es que, tras su paso por empresas de inserción, estos ciudadanos puedan incorporarse al mercado laboral ordinario, cerrando así el círculo de la protección social que comienza en los CEAS y se apoya ahora en la potencia tecnológica de la nueva Historia Social Única.