La secretaria de Estado de Función Pública preside la reunión donde se validan las nuevas líneas de actuación del organismo público. El documento apuesta por la digitalización y la mejora de la atención presencial para los mayores.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha celebrado este martes su último Consejo General del año, una cita clave que ha servido para definir el futuro inmediato de la institución. Bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, el organismo ha dado luz verde a su hoja de ruta para el próximo trienio.
El denominado Plan Estratégico Avanza2 busca consolidar la senda de modernización emprendida en ejercicios anteriores. Según se ha destacado durante el encuentro, el objetivo principal es convertir a la Mutualidad en un ente "ágil, eficaz y eficiente", basando su planificación en un análisis previo de las necesidades reales del colectivo.
A la reunión, celebrada en Madrid, han asistido también la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés, junto con representantes ministeriales y de las formaciones sindicales. Además de la estrategia a largo plazo, se ha aprobado el Plan Operativo de Actuación 2026, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
El nuevo documento estratégico recoge las directrices que regirán la entidad hasta 2028, tomando el relevo del anterior plan prorrogado hasta este año. La filosofía del proyecto mantiene a las personas mutualistas como el centro de toda la acción protectora y administrativa.
Entre las prioridades establecidas figuran la profundización en la digitalización de los procesos y el impulso a la innovación. Asimismo, el texto hace hincapié en la transparencia, la rendición de cuentas y la integración sistemática de la sostenibilidad y la responsabilidad social. La igualdad y la perspectiva de género se mantienen como ejes transversales en todas las actuaciones previstas.
Una de las novedades más destacadas presentadas por la secretaria de Estado es el lanzamiento del proyecto piloto MUFACE 65. Esta iniciativa tiene como finalidad eliminar la brecha digital que afecta a parte del colectivo y facilitar sus gestiones administrativas.
El plan consiste en suprimir la necesidad de cita previa un día a la semana en las oficinas de Madrid para los mutualistas mayores de 65 años. Se trata de una evaluación práctica que permitirá analizar los resultados para, posteriormente, estudiar la adopción de medidas similares en otros territorios. Sánchez Naranjo ha calificado este compromiso como ineludible dentro de una "transformación digital humanista".
Durante el Consejo también se ha realizado un balance del ejercicio que termina, destacando la capacidad de los equipos provinciales para mantener la gestión de prestaciones. Uno de los hitos de 2025 ha sido la extensión de la receta electrónica concertada a cinco nuevas comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Madrid y País Vasco.
Con estas incorporaciones, más del 74 % del colectivo nacional ya dispone de este servicio, que garantiza una mayor seguridad y racionalidad en el uso de medicamentos. La plena interoperabilidad del sistema permite a los usuarios retirar sus fármacos en cualquiera de las 13 comunidades donde ya está operativo, además de Ceuta y Melilla. La previsión es completar el mapa nacional durante el primer cuatrimestre de 2026 con las cuatro autonomías restantes.