Se intensifica el control sobre los contratos a tiempo parcial y el registro de jornada mediante el envío de comunicaciones a empresas. El organismo acumula más de 3.700 actuaciones hasta octubre de 2025.
La vigilancia sobre la veracidad de los tiempos de trabajo y la lucha contra el fraude en la contratación se han convertido en los ejes centrales de la actividad administrativa laboral en la provincia. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha reforzado en Soria las actuaciones destinadas a controlar el uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial, una modalidad que en ocasiones esconde jornadas completas no declaradas. En el marco de un plan de choque específico activado en esta materia, durante el pasado mes de noviembre se remitieron comunicaciones oficiales a aquellas empresas sorianas que presentaban un porcentaje elevado de trabajadores bajo esta modalidad, instándoles a revisar su situación contractual.
En dichas misivas, el organismo estatal ha recordado a los empresarios la obligatoriedad de que la jornada declarada en los papeles coincida escrupulosamente con la jornada efectivamente realizada por el empleado, solicitando la corrección inmediata de cualquier desajuste que pudiera existir entre ambas realidades. Esta línea de actuación ha sido uno de los puntos clave abordados durante la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, donde la jefa de la Inspección, Paloma Ibáñez, ha trasladado el balance de un año 2025 que se cierra con una intensa actividad fiscalizadora y ha desgranado las prioridades que marcarán la agenda laboral de 2026.
Las cifras avalan el incremento de la presión inspectora en la provincia. Según los datos expuestos en la reunión, hasta octubre de 2025 la cifra de actuaciones alcanza las 3.766, un volumen que supera notablemente las 3.080 realizadas durante todo el ejercicio anterior. El foco de estas intervenciones se ha centrado mayoritariamente en el área de Seguridad y Salud, con 1.624 actuaciones, y en Seguridad Social, con 1.466, quedando en un tercer plano las cuestiones relativas a Relaciones Laborales, que sumaron 488 intervenciones. A fecha de 1 de noviembre, la maquinaria administrativa mantiene vivos 610 expedientes abiertos, de los cuales 238 corresponden a seguridad laboral y 224 a cuestiones de Seguridad Social.
El impacto económico de estas irregularidades detectadas sigue siendo significativo para el tejido empresarial soriano. Aunque el número de infracciones ha descendido ligeramente, pasando de las 499 registradas en 2024 a las 460 contabilizadas hasta octubre de este año, el importe de las sanciones se mantiene en cifras elevadas. El total de las multas propuestas hasta el décimo mes de 2025 asciende a 1.337.163 euros. El grueso de este montante económico proviene de infracciones en materia de Seguridad Social, que acaparan 614.979 euros, y del área de Empleo y Extranjeros, que suma 369.194 euros, mientras que las sanciones por incumplimientos en Seguridad y Salud suponen 215.435 euros.
De cara al próximo ejercicio de 2026, la Inspección ya ha marcado en rojo sus nuevas prioridades, que incluyen una perspectiva más social y de género. La planificación contempla un enfoque específico en sectores feminizados para la prevención de riesgos laborales, introduciendo evaluaciones de riesgos psicosociales que incorporen la variable de la doble presencia. Asimismo, se pondrá el foco en los riesgos musculoesqueléticos derivados de la manipulación manual de cargas y se vigilará el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % de empleo para personas con discapacidad, reforzando la supervisión en los centros especiales de empleo.
La lucha contra la economía sumergida continuará siendo otro de los pilares de actuación, especialmente en sectores que tradicionalmente presentan mayor incidencia como la agricultura, la construcción, la hostelería y el comercio. La ITSS prevé mantener las actuaciones orientadas a detectar la falta de alta en la Seguridad Social y el empleo de personas extranjeras sin autorización de trabajo, reiterando su cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria. Todo ello, mientras la unidad afronta sus propios retos organizativos, con la próxima salida por concurso de un subinspector y varias vacantes administrativas pendientes de cobertura, incluida la de secretario general.