La Dependencia de Trabajo e Inmigración de Soria supera las 2.500 solicitudes en 2025, impulsadas por el nuevo reglamento. Los expedientes de arraigo se han triplicado y el refuerzo de personal busca reducir los plazos de resolución a menos de tres meses.
La Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Soria ha presentado este lunes el balance de tramitación de autorizaciones de extranjería, confirmando que la provincia ha superado las 2.500 solicitudes a lo largo de 2025. Las cifras, expuestas durante la Comisión de Asistencia al Subdelegado, consolidan la tendencia al alza registrada en los últimos ejercicios y superan los datos de 2024, año que ya había marcado un máximo histórico con 2.412 expedientes.
El jefe de la Dependencia, Pedro Ortega Martínez, ha detallado que hasta el pasado 9 de diciembre se habían contabilizado oficialmente 2.396 registros, aunque la proyección actual ya rebasa la barrera de los 2.500 a falta de cerrar las últimas semanas del año. Del volumen total gestionado, destaca que el 45 % de los trámites se ha realizado por vía telemática, lo que agiliza la gestión administrativa en la provincia.
El análisis de los datos revela un cambio significativo en la tipología de los expedientes, muy influenciado por la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería. Entre los procedimientos más demandados figuran las autorizaciones de arraigo, que suman 643 solicitudes, seguidas por las de residencia y trabajo inicial (458) y las relativas al régimen comunitario y familiares de ciudadano español (432). También se han tramitado 262 autorizaciones iniciales de estudios, 213 reagrupaciones familiares y 111 de larga duración.
La actividad administrativa sufrió una alteración notable durante los meses de mayo y junio, coincidiendo con la aplicación del nuevo marco normativo. Según ha explicado la Dependencia, esta modificación legal provocó un "desplazamiento de solicitudes entre regímenes" y un incremento del volumen total. Las cifras son elocuentes: hasta el 19 de mayo se registraron unas 800 solicitudes, mientras que desde esa fecha se presentaron más del doble en un periodo de tiempo similar.
En este nuevo contexto, los procedimientos que han experimentado un mayor crecimiento han sido los de arraigo, que se han triplicado respecto a periodos anteriores, y los expedientes de familiar de ciudadano español, que prácticamente se han duplicado. Por el contrario, se ha detectado una reducción considerable en las solicitudes de protección internacional, tanto en las que están en trámite como en las de nueva entrada, las cuales se concentran casi exclusivamente en ciudadanos de nacionalidad venezolana.
En materia de plazos, la Dependencia ha indicado que los expedientes presentados bajo el nuevo marco normativo se están resolviendo actualmente en una media de cinco meses. No obstante, la administración se ha marcado el objetivo de rebajar este tiempo de respuesta por debajo de los tres meses en el futuro inmediato.
Para lograr esta agilización, ha sido clave la incorporación de tres nuevos funcionarios, un refuerzo de personal que permite afrontar la elevada carga de trabajo. Desde la Subdelegación se ha subrayado la "complejidad técnica" del nuevo Real Decreto y la necesidad de establecer criterios interpretativos a nivel central para resolver la casuística que genera la convivencia entre la regulación anterior y la actual. De cara al próximo año, se espera que aumenten las incidencias debido a la desaparición de algunas figuras legales previas y la necesidad de articular soluciones transitorias.