El Bocyl publica la orden por la que se establece una medida que entra en vigor este 30 de diciembre e incluye un régimen transitorio para el reconocimiento de oficio.
En su edición este lunes 29 de diciembre, el Boletín Oficial de Castilla y León, reflejaba la modificación normativa que permite la entrada en vigor de las nuevas prestaciones para personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras patologías de alta complejidad. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hace pública la Orden FAM/1477/2025, un texto que adapta la regulación autonómica a la reciente legislación estatal y que define los criterios para el reconocimiento del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, activando así una protección social que será efectiva a partir de mañana.
La nueva categoría está destinada a quienes acrediten un Grado III y se encuentren una una fase avanzada de la enfermedad que determine una dependencia completa para las actividades básicas de la vida diaria, requiriendo asistencia instrumental y personal continua derivada de problemas respiratorios y disfagia. La normativa establece que estas prestaciones económicas, vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o de asistencia personal, contarán con una cuantía máxima de 9.900 euros mensuales, siendo que la Administración autonómica garantizará un importe mínimo de 5.000 euros para cubrir los gastos justificados de estos cuidados especializados.
Sobre la financiación de estas ayudas, la Junta de Castilla y León abonará el cien por cien del gasto justificado si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para casos en los que la capacidad económica sea superior, se ha establecido una fórmula de cálculo progresiva, si bien se asegura que la cobertura pública será, como mínimo, del 80 por ciento del coste del servicio. Con ello se busca evitar que el impacto económico de la enfermedad recaiga exclusivamente sobre las familias.
La orden contempla, además, un régimen transitorio para agilizar la percepción de estas ayudas, de modo que aquellos pacientes que a la fecha de entrada en vigor ya estuvieran diagnosticados con ELA en fase avanzada y recibiendo atención a través de los proyectos innovadores de la Gerencia de Servicios Sociales, verán reconocido de oficio su Grado III+ y el derecho a la prestación máxima. No obstante, los interesados dispondrán también de un plazo de un mes para solicitarlo si así lo consideran, garantizando que la burocracia no entorpezca la urgencia que requieren estos cuidados paliativos y de soporte vital.
La valoración para obtener este nuevo grado de dependencia extrema será realizada por dos técnicos de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, quienes podrán ser apoyados por personal de la Dirección General competente. Con la publicación de esta orden, que modifica la anterior regulación de 2018, Castilla y León da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la conocida como 'Ley ELA' estatal, asegurando que desde este 30 de diciembre los afectados puedan acceder a los recursos necesarios para mantener su calidad de vida en el entorno domiciliario.